Suecia baraja revocar la ciudadanía a pandilleros con doble nacionalidad

El Gobierno conservador de Suecia ha designado una nueva comisión para examinar cómo a los ciudadanos con doble nacionalidad involucrados en delitos de pandillas se les puede revocar la ciudadanía sueca.

La investigación surge tras la recomendación de un comité en enero de cambiar la Constitución para posibilitar la revocación de la ciudadanía sueca a ciudadanos con doble nacionalidad que cometan delitos que amenacen la seguridad de Suecia, pero lleva las conclusiones del comité un paso más allá.

El comité, integrado por miembros de los ocho partidos, propuso que el derecho absoluto que tienen los ciudadanos suecos a conservar su ciudadanía se limite para permitir que la ciudadanía de los ciudadanos con doble nacionalidad se revoque en tres situaciones:

1. Si son declarados culpables de delitos que suponen una grave amenaza para la seguridad de Suecia, como espionaje, terrorismo, sabotaje, traición o rebelión.

2. Si son declarados culpables de crímenes contemplados por la Corte Penal Internacional, como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

3. Si obtuvieron su ciudadanía por motivos falsos, ya sea mediante el suministro de documentos o información falsos o sobornando o amenazando a funcionarios del gobierno.

El comité, sin embargo, no llegó a recomendar retirar la ciudadanía a aquellas personas que sean declaradas culpables de “delitos que amenazan el sistema” en el marco de delitos de pandillas.

Pero los tres partidos en el gobierno –conservadores, los demócrata-cristianos y los liberales – y sus aliados de extrema derecha de los Demócratas Suecos (SD), han dado instrucciones a la nueva investigación para que también examine medidas para revocar la nacionalidad sueca a los ciudadanos con doble nacionalidad por dichos delitos.

El país escandinavo, antaño conocido por sus bajos índices de criminalidad, ha luchado durante años para controlar el crimen organizado. Las redes criminales están involucradas en el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de armas y el fraude a la asistencia social, con tiroteos y atentados con bombas regulares en todo el país en los últimos años.

"Decidimos seguir adelante con este trabajo y esperamos un apoyo más amplio en el Parlamento", anunció el ministro de Migración, Johan Forssell, en una conferencia de prensa este lunes.

Anders Ygeman, portavoz de inmigración de la oposición socialdemócratas, aseguró al portal "The Local" en enero que su partido se había negado a apoyar el enfoque de los partidos gubernamentales en ese momento porque estaba formulado de manera tan vaga que "podría usarse para situaciones que eran imposibles de predecir de antemano". "Si el Gobierno quiere ampliar el alcance, necesita ser mucho más preciso y tiene que ser capaz de predecir las consecuencias", dijo.

Sin embargo, Forssell argumentó en la conferencia de prensa que era necesario ampliar el alcance para acabar con los delincuentes de pandillas que se aprovechan de un pasaporte sueco para viajar y evitar ser deportados mientras cometen delitos que amenazan seriamente los intereses vitales del estado.

El ministro citó estadísticas policiales que estiman que 1.100 personas que actualmente son miembros activos de redes criminales tienen doble ciudadanía.

Los líderes de redes criminales operan cada vez más desde el extranjero, orquestando asesinatos y ataques a través de las redes sociales y a menudo reclutando a niños menores de la edad de responsabilidad penal para llevar a cabo los ataques.

"No son sólo las personas que ocupan altos cargos en estas estructuras las que amenazan los intereses vitales del Estado", insistió Forssell.

Grupos de derechos humanos han advertido que retirar la ciudadanía puede tener graves consecuencias para los derechos de las personas.

La nueva investigación también analizará los aspectos prácticos generales de la revocación de la ciudadanía. Está previsto que presente sus resultados antes del 20 de marzo de 2026.

Para modificar una de las leyes constitucionales de Suecia es necesario que el proyecto de ley sea aprobado por el Parlamento sueco dos veces, una antes y después de una elección general. Como las elecciones de 2026 se celebrarán en septiembre y es poco probable que un nuevo Gobierno esté en funciones hasta octubre o noviembre, en la práctica esto significa que cualquier cambio a la Constitución no entraría en vigor hasta 2027 como mínimo.