Trump bloquea de nuevo la difusión de sus ingresos

Alega que un presidente no es objeto de un caso penal La Fiscalía le solicita las cuentas de los últimos ocho años

Durante meses las declaraciones de la renta de Donald Trump fueron objeto de grandes debates. Nunca las mostró y aquello fue el prolegómeno de una batalla judicial que ayer conoció su penúltimo acto, cuando un juez federal, Victor Marrero, tumbó el recurso interpuesto por los abogados de Trump para evitar mostrarlos.

Inmediatamente después la defensa de Trump apeló de emergencia ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos del Segundo Circuito, que ha paralizado por ahora la entrega de cualquier documento a la espera de estudiar el caso en profundidad.

Espadas en alto, por tanto, aunque ya un poco más cerca de la conclusión. Por supuesto, Trump, como en otras ocasiones previas, había argumentado que en tanto que presidente del país es inmune a cualquier investigación. Una suerte de veto a la Fiscalía que el juez Marrero consideró injustificado al constituir una «extralimitación del Poder Ejecutivo».

De momento, los fiscales están detrás del dinero que Trump o sus representantes pagaron a dos mujeres que, durante la campaña presidencial de 2016, habrían tratado de ser compensadas a cambio de su silencio. Ya el pasado 26 de febrero el ex abogado de Trump, Michael Cohen, el hombre con fama de hacer para su cliente los trabajos más comprometidos, insinuó ante el Congreso que realizó pagos ilegales a, entre otras, la estrella del cine pornográfico Stormy Daniels a cambio de su silencio.

Y que Trump le habría devuelto la cantidad con varios cheques. Pero las pesquisas no acaban aquí y la oficina del fiscal aspira a estudiar las declaraciones fiscales del hoy presidente de los últimos ocho años. La clave de todo, los posibles delitos relacionados con la financiación irregular de la campaña de 2016 y el teórico desvío de fondos para fines no declarados.

El juez Marrero ha calificado de «repugnante» el argumento de que el presidente es inmune y está por encima de la ley hasta que no abandona la Casa Blanca. Pero tal y como ha recordado William K. Rashbaum y Benjamin Weiser en el «New York Times», la Constitución no señala de forma expresa que el que es presidente «pueda ser acusado de un delito mientras ocupa el cargo, y el Tribunal Supremo no ha respondido la pregunta».

No hay jurisdicción que apoye las pretensiones y argumentos de los abogados presidenciales, pero tampoco, y esto es importante, la hay de signo contrario.