Trump no incluirá la pregunta de la ciudadanía en el censo

El presidente determinará el número de ilegales por otras vías Así, desiste oficialmente de añadir la polémica cuestión en la encuesta decenal.

El presidente no suelta la presa. Pero cambia su táctica. Busca ahora averiguar la condición de ciudadanía por vías distintas a las que pretendía. Desde los jardines de la Casa Blanca, flanqueado por el fiscal general, William Barr, anunciaba su respuesta a cuenta del censo y la ciudadanía. Ordenaba a todos las instituciones federales que proporcionen todos los datos posibles, todos los datos conocidos, para averiguar quién y quién no es ciudadano. «Tenemos muchos conocimientos», comentó el presidente. «Esto nos permitirá tener un conocimiento más exacto. Como resultado el nuevo censo será más preciso para saber cuántos ciudadanos, inmigrantes e ilegales hay en EE UU». Barr explicó que si hubieran insistido en litigar los jueces les darán la razón, pero al final se acaba el tiempo, «y no vamos a poner en peligro la realización del censo». «El impedimento era logístico», subrayó. «Incluir una pregunta explícita no es la única forma de saber cuántos ciudadanos hay en nuestro país. Esa información será usada de múltiples formas».

O sea, que el censo sabrá quién es ciudadano por otros medios. La misma filosofía que la empleada durante décadas: desde hace años se ha perfeccionado una batería de métodos alternativos. Se consultan los datos de la Seguridad Social, los del fisco, el célebre IRS. Quiere decirse que, más allá de añadidos cosméticos, la Casa Blanca acepta las tácticas usadas hasta ahora. Trump, naturalmente, maniobra convencido de que la confrontación judicial con el Supremo garantiza al menos réditos electorales. Y que no hay mejor forma que taponar las sangrías de los últimos días, con altos cargos desconcertados que hacían declaraciones negadas por el mismo Trump. Lo único seguro es que los funcionarios de EE UU encargados de elaborar el censo una vez cada diez años seguirán a preguntar a bocajarro por la ciudadanía. Tal y como ordenaba el Tribunal Supremo, que por cinco votos contra cuatro ya tumbó la semana pasada la pretensión de la Casa Blanca de añadir la pregunta. En opinión de los jueces, Trump no había justificado con claridad las razones para retomar una pregunta que nadie formula desde 1950.

La batalla estaba clara. Si se pregunta por la ciudadanía se altera el censo y cambian las mayorías, los equilibrios parlamentarios, los futuros gobiernos. Al mismo tiempo se altera la asignación de miles de millones de dólares asignados para programas sociales durante la próxima década. Conviene añadir que los países reaccionan a su propia historia. En EEUU sigue abierta la memoria de las trabas, legales, impuestas por los Estados del Sur a sus ciudadanos. Sucedió durante las largas décadas de la Reconstrucción.

Cuando gobernadores sudistas, demócratas contaminados por la cultura del racismo y el culto confederado, alejaron de las urnas a los negros valiéndose de tests. Sostiene Trump que sólo pretende ordenar el censo. Pero el remedio podría haber sido peor. Aunque las respuestas del censo sean confidenciales los científicos sociales advertían de que el miedo provocaría la desafección. Estados como California o Nueva York perderían, siquiera sobre el papel, cientos de miles de habitantes.

«Es muy importante para nuestro país que la pregunta, simple y básica, “¿Es usted ciudadano de Estados Unidos?”, pueda hacerse en el Censo de 2020», había declarado Trump la pasada semana. «El Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia están trabajando muy duro en esto, ¡incluso durante el 4 de julio!». Lo que quería decir, primero, es que la Casa Blanca había movilizado a sus abogados para discutir una decisión al Supremo. Pero el reloj corría en contra y apenas había tiempo para montar una defensa y presentar alegaciones.

De hecho las imprentas ya están funcionando y, sorpresa, la pregunta no figura por ningún sitio. Para el recuerdo, las polémicas del propio Trump con su secretario de Comercio, Wilbur Ross, que la semana pasada salía ante la prensa para asumir como inevitable el dictamen judicial, no había tiempo material para reaccionar, mientras su jefe prometía recursos.