Ultimátum a Polonia

Bruselas da un mes de plazo a Varsovia para que retire la reforma judicial o activará el «botón nuclear». Mantiene los expedientes contra su Gobierno y los de Hungría y República Checa por no acoger a refugiados.

Bruselas estrechó ayer el cerco contra Varsovia por su deriva autoritaria. Si en un mes el Gobierno de Beata Szydlo no da marcha atrás en sus iniciativas para politizar la Justicia, al Ejecutivo comunitario no le temblará el pulso a la hora de activar el artículo 7, conocido en los pasillos comunitarios como «botón nuclear». Un proceso que nunca se ha puesto en marcha y que, en su última fase, podría desembocar en el castigo sin precedentes de que un país europeo pierda su derecho de voto en las decisiones comunitarias. «Si el Gobierno polaco sigue adelante reduciendo la independencia del poder judicial y el Estado de Derecho en Polonia, no tendremos otra opción que activar el artículo 7», aseguró ayer con firmeza mediante un comunicado el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.

A pesar de que el pasado lunes el presidente Andrzej Duda vetó dos de las reformas del sistema judicial polaco más controvertidas, todo indica que las intenciones de seguir adelante con estas iniciativas continúan por parte del Ejecutivo de Beata Szydlo y, también, que Bruselas sigue sin fiarse de Varsovia.

Según los textos rechazados por Duda, el Tribunal Supremo se convertiría en un títere del poder ejecutivo ya que otorga al titular de Justicia –que a su vez también ostenta el cargo de fiscal general– la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros. Además, el Parlamento también mantendría un mayor control sobre el órgano de los jueces. El presidente, sin embargo, no puso objeciones a la tercera pata de este paquete legislativo que otorga al Ministerio de Justicia mayores poderes para nombrar a los presidentes de los tribunales regionales y el pasado martes decidió sancionar esta iniciativa.

Aunque Bruselas muestra su preocupación por los últimos acontecimientos, en la recomendación aprobada ayer hace especial énfasis en posibles despidos o retiradas forzosas de los miembros del Tribunal Supremo y recalca que si Varsovia no cesa en su empeño en este punto, el «botón nuclear» se activaría «inmediatamente», en una amenaza que cada vez cobra más síntomas de que pueda llegar a ejecutarse.

Y mientras espera que las autoridades polacas muestren algún signo de arrepentimiento, la Comisión Europea abrió también ayer un procedimiento de infracción contra la ley sancionada el martes por el presidente que también incluye una disposición por discriminación de sexo, ya que permite a los hombres jubilarse a una edad más tardía que las mujeres (65 años frente a 60), contraria a las leyes europeas, y también da poder al Ministerio de Justicia para prolongar el mandato de jueces en edad de jubilación. En enero de 2016, Bruselas ya abrió otro expediente a Polonia por cambios en el Tribunal Constitucional y sus medidas sobre los medios de comunicación. Un dosier que se ha enfrentado a constantes ultimátums por parte de Bruselas que han tenido un eco casi nulo en el Ejecutivo polaco, cada vez más enrocado en su apuesta nacionalista, por lo cual la paciencia de Bruselas podría llegar a su fin.

A pesar de la relativa rapidez con la que la Comisión está dispuesta a actuar, en la primera fase del artículo 7 necesitaría recabar el apoyo de cuatro quintos de los países europeos, lo que podría ocasionar la primera brecha con los países del Este, unidos firmemente los dos últimos años en el desafío contra la política de refugiados de Bruselas. Si, una vez abierto este procedimiento, el Estado no toma medidas, se necesitaría la unanimidad de los países miembro para seguir adelante y parece difícil que la Hungría de Viktor Orban, a pesar de la pertenencia del Ejecutivo al Partido Popular Europeo, diera su luz verde, ya que Budapest también está sumida en una deriva autoritaria que preocupa en Bruselas, aunque en menor medida.

Precisamente, el Ejecutivo comunitario decidió ayer pasar a la siguiente fase en el procedimiento de infracción abierto contra Polonia, Hungría y la República Checa por el rechazo de estos países a reubicar refugiados. Bruselas remitió los conocidos como dictámenes motivados (segunda fase en el procedimiento) a esos tres países. Normalmente, en este tipo de situaciones, los estados concernidos tienen dos meses para responder, pero en esta ocasión, dada la gravedad de la situación, será sólo uno. De esta manera, se avecina un comienzo del curso político tras el parón vacacional políticamente muy sensible para las ya difíciles relaciones entre Bruselas y los socios procedentes del otro lado del Telón de Acero. Si no recibiera ninguna respuesta o ésta fuera insatisfactoria por parte de estos tres países, la Comisión podría decidir pasar a la siguiente fase del procedimiento de infracción y, en última instancia, llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.