Ultimátum de la UE a Polonia por su deriva autoritaria

Si el Gobierno de Varsovia no modifica la reforma del Constitucional, Bruselas estudia suspender su derecho de voto en el Consejo Europeo del país

Bruselas dio ayer un paso al frente al lanzar un ultimátum a Polonia: si en dos semanas su Gobierno no cumple los requerimientos de la Comisión Europea sobre su dudosa reforma del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo comunitario podría seguir hacia adelante en un proceso sancionador que podría conllevar incluso que el país perdiese el derecho de voto en el Consejo Europeo. Esto sería un hecho sin precedentes, por eso, la Comisión Europea, en un típico tira y afloja comunitario, intentó ayer comprar tiempo a la vez que trataba de mostrar firmeza ante el socio díscolo.

La deriva autoritaria del político conservador Jaroslav Kacynski en temas tan sensibles como la independencia de la Justicia y de los medios de comunicación se ha convertido en un serio quebradero de cabeza para Bruselas en los últimos meses. Las negociaciones no han llegado a buen puerto, aunque, a priori, en la capital de la Unión Europea nadie quiere que la sangre acabe llegando al río. Sobre todo en un momento en el que al «club» comunitario se le multiplican y acumulan los problemas en diversos frentes. La crisis de refugiados ha evidenciado la fractura entre los nuevos y los viejos socios con unos países del Este en una rebelión continua contra los planes de la canciller alemana, Angela Merkel. Pero nadie parece saber muy bien cómo curar esta herida.

Todo sea dicho de paso, no es la primera vez que se plantea una respuesta semejante. En ocasiones anteriores, Bruselas intentó también lidiar con derivas de este tipo en Hungría y Rumanía. De hecho, desde el año 2014 entró en vigor un nuevo proceso más simplificado que intenta introducir más fases y de manera gradual que sirvan como serio aviso antes de tener que tomar una decisión drástica (e inaudita) como la suspensión del derecho de voto en el Consejo. En el caso polaco, sin embargo, las advertencias no han servido de nada. Al menos hasta ahora. La noche del martes se produjo una última llamada telefónica entre el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y la primera ministra polaca, Beata Szydlo. Dentro de esta estrategia de templar los ánimos, el político holandés definió el nuevo paso tomado por Bruselas como una forma de «centrar el diálogo» dentro de un «proceso constructivo». Timmermans aprovechó también ayer la ocasión parar recordar los puntos negros de la reforma del Tribunal Constitucional polaco, que para Bruselas suponen una clara involución: la composición de la corte, la publicación de sus sentencias y el contenido de la ley adoptada el 22 de diciembre de 2015 que afecta a la composición del Tribunal y que, según Bruselas, menoscaba la independencia de los magistrados polacos.

El viceministro de Asuntos Exteriores, Konrad Szymanski, aseguró ayer, tras conocerse la decisión de Bruselas, que su Gobierno está «preparado a dialogar», aunque también quiso hacer especial hincapié en que el Ejecutivo polaco no aceptará «cualquier solución» propuesta por el Ejecutivo comunitario.