Una nueva guerra civil entre los conservadores atrapa a May

Al menos 15 «eurófilos» amenazan con unirse al laborismo y obligarla a retirar la fecha del Brexit.

La debilitada «premier» Theresa May está en un punto sin retorno. Haga lo que haga, parece ya inevitable una revuelta interna de sus propias filas. Después de perder la mayoría absoluta en las generales de junio –los «tories» sólo cuentan con 315 asientos de los 650 escaños de los Comunes–, la jefa del Ejecutivo no cuenta con ningún tipo de autoridad. Su situación plantea serios problemas ante la guerra civil que vive el Partido Conservador, donde las tensiones entre eurófilos y euroescépticos son cada vez más evidentes y amenazan con poner en riesgo la tramitación de una ley vital para el Brexit con la que el Gobierno quiere transformar en británica la actual normativa comunitaria.

La llamada «Ley de Retirada de la UE» ha entrado esta semana en la fase de comités de la Cámara de los Comunes y hasta 15 «tories» eurófilos amenazan ahora con apoyar la enmienda que solicita retirar la fecha exacta del divorcio que aparece en la primera página de la normativa: 29 de marzo de 2019 a las 23:00 horas.

Según advertía ayer «The Telegraph» en su portada, los rebeldes aseguran que fijar un calendario tan específico limita el margen de maniobra de las negociaciones con Bruselas y el debate que tendrá lugar en Westminster sobre el acuerdo final que se llegue con los Veintisiete. Una derrota sobre esta cuestión sería verdaderamente humillante para May.

El problema es que, para evitarla, no puede quitar la fecha y la hora porque el calendario fue puesto precisamente para mitigar otra revuelta, esta vez, del bando euroescéptico que, ante los lentos avances en las negociaciones con Bruselas, temen que la permanencia de Reino Unido en el bloque se alargue más de lo necesario. En definitiva, que May está contra las cuerdas y no son pocas voces las que aseguran que cada vez tiene menos posibilidades de pasar la Navidad en Downing Street.

Para calmar los ánimos, el ministro del Brexit, David Davis, había anunciado el lunes una nueva normativa que se denominará «Ley de Implementación». Ésta otorgará a los diputados capacidad para vetar o proponer enmiendas al acuerdo final que se llegue con Bruselas que, detallará, entre otros aspectos, los derechos de los ciudadanos comunitarios en Reino Unido y detalles de la factura de salida que Londres debe abonar por el divorcio. El problema es que si los parlamentarios rechazan el acuerdo final, Davis insiste en que, de todos modos, Londres abandonará el bloque.

El anuncio de esta nueva ley se interpretó como otro signo inequívoco de la preocupante fragilidad del Ejecutivo. Pero visto el poco margen de maniobra que otorga la normativa –que no podrá ni anular ni siquiera atrasar el Brexit– no es de extrañar que no haya aplacado la amenaza de una rebelión.

Por otra parte, la crisis del Gobierno podría empeorar en los próximos días si Damian Green se ve obligado a dimitir. El viceprimer ministro está envuelto en un escándalo de abusos sexuales que azota al Parlamento. Es una de las personas de máxima confianza de May. Si Green dimite, sería la tercera marcha de un ministro. En la última semana, a la renuncia del que fuera responsable de Defensa, Michael Fallon, envuelto también en el escándalo de abusos, se sumó la de Priti Patel, que abandonó su cargo al frente de Cooperación Internacional, tras salir a la luz unas reuniones no oficiales con altos cargos del Gobierno israelí.