Vizcarra trata de desactivar la crisis política en Perú

El fujimorismo se queda sin apoyos en su pulso al Gobierno.

La presidenta interina designada por el Congreso de Perú, Mercedes Aráoz, ha dado un paso atrás y descarta formar un gobierno paralelo tal como le había encargado el Parlamento el pasado lunes. Aráoz afirmó que «no se dan las condiciones mínimas para ejercer el encargo» después de que ninguna otra institución del Estado le diese su apoyo mientras la Policía, el Ejército y los gobernantes regionales ratificaban la autoridad del todavía presidente oficial, Martín Vizcarra.

Éste último había suspendido el Parlamento unicameral de mayoría opositora y el Congreso, dominado por el fujimorismo, respondió inhabilitándolo por un año y nombrando presidenta en funciones a Aráoz, que ha renunciado al cargo apenas 24 horas después de su designación. Una decisión que afloja el pulso entre el Poder Ejecutivo y el legislativo que ha desencadenado la crisis institucional más importante de Perú en los últimos treinta años.

Unas horas antes de dejar el cargo, Aráoz había sido denunciada por usurpación de funciones, un delito que se castiga en Perú con penas de entre 4 y 7 años de prisión. «Lo justo es que quien dirima sea el Tribunal Constitucional y cualquiera sea el resultado tendremos que respetarlo», declaró la ex vicepresidenta a la agencia Reuters.

La Organización de Estados Americanos (OEA) propuso que sea el Tribunal Constitucional quien decida si la disolución del Congreso es legal y calificó como «un paso constructivo» que el presidente Vizcarra convocara elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020.

Desde que Vizcarra llegó al poder en 2018 sustituyendo a Pedro Pablo Kuczynski, inició una cruzada anticorrupción que le ha enfrentado al Congreso. El punto más álgido de esta crisis se produjo el lunes, cuando el presidente quiso incluir una medida para modificar el proceso de designación de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y filtrar a los candidatos. El Congreso lo ignoró y Vizcarra respondió con la clausura. La oposición liderada por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, actualmente en prisión preventiva acusada de lavado de dinero procedente de la constructora brasileña Odebrecht, estaba intentando hacerse con el control del Tribunal Constitucional, que pronto decidirá si mantiene en prisión o pone en libertad a la primogénita del ex presidente Alberto Fujimori y si incluye en el acuerdo de colaboración con Odebrecht a otros parlamentarios que presuntamente recibieron dinero de la constructora.

Esta semana volverá a declarar ante los fiscales del «caso Lava Jato» el ex director de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y se espera que salgan a la luz nuevos nombres de políticos peruanos a los que entregó dinero mediante sobornos o financiación de campañas electorales. Un caso que ha salpicado a gran parte de la clase política peruana, varios ex presidentes incluidos. Barata declara desde en Curitiba (Brasil) y según el diario peruano «El Comercio» desvelará 71 identidades ocultas hasta el momento.

La última disolución del Congreso en Perú se produjo en el año 1992 a manos de Alberto Fujimori, quien permaneció ocho años más en el poder y fue reelegido dos veces hasta que se vio obligado a renunciar por un escándalo de compra de votos en el año 2000. Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos y también está condenado por corrupción.

Ahora, el Constitucional tendrá que decidir quién tiene razón y avalar, o no, la suspensión del Parlamento.