La última guerra africana

Hace tiempo que Bangui dejó de ser «la coqueta». Y pocos son los foráneos a los que ese cartel da la bienvenida en el aeropuerto de la capital centroafricana, hoy convertido en base para las fuerzas militares francesas e improvisado campo de refugiados. En las últimas semanas, miles de ciudadanos han acudido buscando protección. Las calles de la ciudad se han convertido en lugares inseguros donde las escenas de caos y saqueo se multiplican, alimentados por el rencor y la venganza. La población vive aterrada desde que el conflicto entre ex rebeldes de la Seleka, venidos del norte y de mayoría musulmana, y milicias anti-balakas –grupos de autodefensa de confesión cristiana– ha degenerado en un cruento enfrentamiento civil. Porque la de Centroáfrica es una de esas guerras olvidadas del continente africano, un polvorín a punto de estallar al que la comunidad internacional ha preferido mirar de reojo, cuando no dar la espalda, hasta ver un país al borde del precipicio y tomar, por fin, conciencia del drama humano del que ya alertaban varias ONG el pasado verano.

La crisis no tiene nada de novedosa si no fuera por el giro extremadamente violento que ha tomado y los tintes de guerra interreligiosa en un país convulso, pero donde cristianos y animistas –el 80%– convivían con musulmanes sin mayores problemas.

Extenso como Francia pero con apenas cinco millones de habitantes, la República Centroafricana (RCA), uno de los países más pobres del planeta, nunca ha conocido desde que se independizara de Francia en 1960 una verdadera estabilidad política. Desde entonces, ha asistido a la desaparición, en un misterioso accidente aéreo, de Barthélémy Boganda, considerado el padre de la nación, que murió antes de poder gobernar. También ha sufrido a un emperador autoproclamado, Jean-Bedel Bokassa, y padecido un rosario de regímenes autoritarios. Y todo bajo la atenta mirada de París. La antigua metrópoli, que en nombre de la «Franciáfrica» no ha tenido reparo en intervenir, apoyar o dejar caer a más de un autócrata. Porque en estos cincuenta años, sólo uno de los seis jefes de Estado que se han sucedido a la cabeza de RCA ha llegado por las urnas.

Pero los antagonismos confesionales se han exacerbado con la llegada al poder del actual presidente transitorio, el musulmán Michel Djotodia, en marzo de este año. Por las armas y al frente de la Seleka, una heterogénea coalición de facciones rebeldes de diverso pelaje, derrocó a su antecesor, François Bozizé, que ya en 2003 quitó del medio mediante un golpe de Estado a Ange-Felix Patassé, el único presidente elegido democráticamente.

Tras las fraudulentas elecciones de 2005 y 2011 y las promesas incumplidas después de varios acuerdos de paz con los rebeldes de la Seleka, Bozizé había perdido autoridad y devenía en un blanco fácil, abandonado además tanto por París como por el vecino Chad. Al frente de esa coalición de veinte mil hombres compuesta en su mayoría por bandidos y mercenarios, Djotodia no tuvo mayores dificultades en derribar a Bozizé para proclamarse presidente durante un periodo provisional de tres años que concluiría con elecciones libres y democráticas. Pero el nuevo hombre fuerte de Bangui, que entretanto ha tomado distancias con las incontrolables facciones rebeldes que él lideró, no ha podido sostener las riendas de un país gangrenado por la corrupción y donde la mayoría cristiana, a guisa de represalia, toma por rebelde a todo civil musulmán.

De ahí la dificultad de la intervención francesa que debe proteger a la población y desarmar a un enemigo difícilmente identificable, pues la violencia civil entre selekas y anti-balakas «ha superado lo que nadie podía imaginar», explicaba el especialista Roland Marchal. Este investigador del Instituto de Ciencias Políticas también advierte del «riesgo de somalización» que atenaza a Centroáfrica ante un posible desplome del Estado y la aparición de una zona sin ley.

Por eso, más allá del aspecto militar de la operación franco-africana, auspiciada por la ONU, lo que es necesario es restaurar unas instituciones desaparecidas, asegura a LA RAZON Aline Leboeuf, especialista del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI). «Si se consigue rápidamente desarmar a los líderes de esos grupos, el problema será de tipo policial. Se necesitará una capacidad policial y jurídica que no existe para sancionar y encarcelar a todos esos individuos. El sistema de seguridad es inexistente hoy y hay que reconstruirlo», asegura.

París, que prevé una intervención de unos seis meses, ya ha hecho saber que Michel Djotodia deberá dejar el poder y exige elecciones a mediados del año que viene. Pero entretanto, la situación humanitaria es acuciante y organizaciones como Médicos sin Fronteras denuncian la tardanza con la que llegan las ayudas de las Naciones Unidas.

Casi la mitad de la población necesita asistencia. Los desplazados internos se acercan al medio millón y más de 70.000 han buscado refugio en países vecinos mientras el hambre y la desnutrición afectan a algo más de un millón de centroafricanos.