Violadores en la calle: «Estoy aterrada»

Confesión de una mujer víctima de un agresor sexual que ha salido en libertad tras la derogación de la Doctrina Parot

Los expertos coinciden: los más de quince asesinos que libera la sentencia de Estrasburgo y que hace añicos la «doctrina Parot» –entre los que se encuentran el «violador del ascensor», el verdugo de Olga Sangrador o el «violador del portal»– no son enfermos mentales, son monstruos sin empatía que pueden reincidir. El terror de las víctimas y el miedo colectivo se expanden.

«Estoy aterrada y barajo regresar a terapia –explica María, temblorosa, sin querer dar su nombre verdadero–. No he podido olvidar el asalto, robo y violación. Tras la agresión, estuve mucho tiempo en "terapia dinámica"con una psicóloga a la que le debo haber recuperado mi vida. Tras su ingreso en prisión, fui remontando. Salí del autismo, regresé a mi vida aunque llena de limitaciones, agorafobias y pánico social... Pero ésto ha sido un mazazo. Comprendo a las víctimas del terrorismo porque están dolidas e indignadas... Pero las víctimas, como yo, de violadores, estamos horrorizadas. El enemigo está en la calle y va por libre. No hay una organización que les controle como en el caso de una banda terrorista. Actúan por propia pulsión... Y estamos seguras, cuantas lo hemos vivido, de que reincidirán. Llevan años queriéndose vengar de nosotras, pues les delatamos y testificamos contra ellos –algunas de forma independiente y otras formando parte de acusaciones particulares como de la asociación Cavas–. Lo tienen todo planificado. Son animales de presa».

Se refiere a Pablo García Ribado, el «violador del portal», que abandonó recientemente el penal de Herrera de la Mancha tras haber sido condenado a 1.721 años de prisión por 74 violaciones, seis agresiones y robos. La víctima que así se expresa podría llamarse Juana, Marisa o Berta... Podría referirse también a Pedro Luis Gallego Fernández –el llamado «violador del ascensor», condenado a 273 años por violar y matar a Marta Obregón y Leticia Lebrato así como a 18 mujeres más–; o a Valentín Tejero –que secuestró, violó y asesinó a la niña vallisoletana Olga Sangrador durante un permiso penitenciario–; Miguel Ricart, el único juzgado por el asesinato de las niñas de Alcasser: Miriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández y condenado a 186 años de cárcel... O cualquier otro de los que hoy ya disfrutan de la luz del sol... Y de una libertad de la que hoy sus víctimas adolecen, encerradas en una cárcel de pavor.

En todo el territorio nacional hay 2.400 agresores sexuales en prisión. Cerca de 400 siguen programas especiales de tratamiento. Son voluntarios, pero en Cataluña los abordan todos los que pueden hacerlo, según datos de la Consejería de Justicia de la Generalitat. Se implantaron en 1996 en Cataluña y en 1998 en el resto de España. Su duración supone más de 400 horas agrupadas entre uno y dos años y medio. Un informe del Ministerio del Interior calcula que un 55 por ciento de los internos por delitos contra la libertad sexual presentan trastornos psicopatológicos.

Según distintos profesionales del ámbito penitenciario –integrados en Juntas de Tratamiento de diversas cárceles– revelan de manera unánime un hecho: «Nos guste o no, tanto un violador como un pederasta, una vez cumplida la condena impuesta de acuerdo con la ley, tienen derecho a ser puestos en libertad. Los jueces en sus resoluciones tienen que cumplir la ley, la pueden interpretar, pero no inventársela o contravenirla. Si la sociedad llega a una conclusión diferente, deberá actuar el Parlamento. La colaboración en el tratamiento según la legislación penitenciaria no es obligatoria, sino voluntaria. La necesidad de que un penado se someta a un programa específico de tratamiento puede venir establecida en su propia sentencia o ser los profesionales del centro penitenciario quienes establezcan la necesidad de su aplicación. Pero que el penado acepte no es de obligado cumplimiento. Cada programa se puede realizar por personal de las ONG, asociaciones y entidades colaboradoras autorizadas por la Secretaría General para Intervenciones en el ámbito penitenciario –que trasladan sus informes sobre la evolución de los internos participantes a las Juntas de Tratamiento–, o por los profesionales (psicólogos, juristas, educadores, trabajadores sociales, etc...) con los que cuentan todos los centros penitenciarios españoles». No hay mayor obligatoriedad, sea discutible o no.

«Hay un perfil de violador para quien un tiempo en la cárcel ha podido ser disuasorio y puede no volver a delinquir. Pero aquellos a quienes se les aplicó a «doctrina Parot» son reincidentes, violentos, extremadamente peligrosos y, ésos, son difícilmente rehabilitables, pues la mayoría no reconoce su delito, no sienten empatía por las víctimas y llevan todo el tiempo de encierro pergeñando su próximo ataque», advierte Tina Alarcón, presidenta del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (Cavas), que ofrece servicios gratuitos a mujeres y niños que hayan sufrido algún tipo de agresión sexual. Y continúa: «Han cumplido una pena larga, aunque nos parezca corta, y debemos acatar la Ley. El problema es que tienen un concepto de las mujeres y de su posición en la vida de supremacía y violencia. Si fuera un problema sexual, tendría solución, pero son violentos y, más en concreto, enfermos de violencia de género». El psiquiatra forense José Miguel Gaona secunda sus palabras: «Aquellos que puntualmente cometen un delito contra la libertad sexual –como quien violenta a su pareja en una fiesta– difícilmente reinciden. Los graves son quienes han hecho de la violación el eje de sus fantasías sexuales. En no pocos casos, tienen episodios de impotencia, pero utilizan cualquier otro objeto para penetrar a su víctima. El caso es humillarlas. Si su pene no funciona, utilizarán un bate de béisbol». «Ninguno –matiza– tiene desórdenes psiquiátricos. Ni ellos ni los pedófilos. Simplemente el eje de su sexualidad se basa en la dominación y el sadismo».

El estilo de comportamiento de estos hombres es más complejo que la mera atracción. Las variables biológicas no explican este tipo de comportamiento patológico. Tiene que ver más con cómo percibe el agresor a la mujer, sus pensamientos distorsionados, la gestión de sus emociones, el tipo de vida que lleva, cómo interacciona con los demás. Su nivel de empatía. Pero «los datos estadísticos de distintas organizaciones y de diferentes países apuntan a que son más los violadores que se reinsertan que los que reinciden.

La cifra está en torno al 20 por ciento. Que se reinserten va a depender de muchas variables: haber recibido tratamiento psicológico dentro y fuera de la cárcel, con seguimientos a corto, medio y largo plazo, haber recibido otro tipo de intervenciones a nivel médico y social, si tienen apoyo familiar, si su estilo de vida está normalizado...», aclara Vicente Prieto, psicólogo especialista en Psicología Clínica y director del área Clínica del Centro de Psicología Álava Reyes.

Según el único estudio disponible –que aportan desde el ámbito penitenciario– sobre reincidencia en este tipo de delitos y elaborado con internos de Brians (Barcelona), el 18,2 por ciento de los que no habían seguido tratamiento había reincidido en los cuatro años posteriores a cumplir condena, cifra que baja hasta el 4,1 por ciento en los que sí lo habían recibido. Prueba de que la terapia funciona. En contra de la creencia común, no es cierto que los agresores sexuales reincidan más que el resto. El promedio en todo tipo de delitos ronda el 40 por ciento.

Todos estos casos suscitan alarma en la población, que no entiende que, si los poderes públicos creen que van a volver a delinquir, no se tomen medidas. Juristas, psicólogos y víctimas se pronuncian sobre el debate entre garantías legales y seguridad. Clarisa Hernández, del Gabinete Psicoclaramente –experta en mujeres víctimas–, indica que para el éxito es necesario que haya apoyo y tratamientos fuera de la cárcel, lo que ahora no ocurre, y es tajante en condenar el linchamiento moral. «Es importante la imagen que estos hombres se hacen de sí mismos y no se les puede decir: ''Usted es un violador, lo será toda su vida y no tiene arreglo''. Si a estas personas las expulsamos de la sociedad, de alguna forma las estamos forzando a seguir delinquiendo».

¿Cómo controlarlos?

Excarcelados, en nuestro país sólo es posible un control no invasivo de estos violadores a quienes no se les pueden aplicar medidas de control como la libertad vigilada aprobada en 2010, pues las medidas penales no pueden aplicarse de forma retroactiva, según el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste.

Tampoco es factible la castración química obligatoria, ni avisar al vecindario, como se hace en otros países. Sólo quedan «medidas adecuadas» para prevenir el riesgo sin vulnerar sus derechos. La Policía suele tener controlados a los delincuentes peligrosos cuando salen de prisión, pero no de forma permanente. Se verifica que siguen en su domicilio y se controla el barrio para ver si alguien ha observado algo raro. Se les trata, en fin, como sospechosos.

En Estados Unidos, los criminales sexuales que salen de la cárcel tienen que registrarse ante la policía de su Estado y notificar cualquier cambio de domicilio. Tienen la obligación de comunicarse con la Policía una vez al año durante diez para actualizar sus datos, pero quienes fueron condenados por delitos contra menores o por más de un delito sexual contra adultos tienen que hacerlo cada 90 días de por vida. Si no cumplen pueden ser condenados a un año de cárcel y 100.000 dólares de multa, y si fallan dos veces les pueden caer 10 años. Como vemos, en nuestro país, las cosas son diferentes.

En cuanto a los jueces, no están de acuerdo sobre lo que se puede y debe hacer. Jaime Tapia, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, opina que publicar las listas de agresores o avisar a los vecinos, atenta contra el derecho al honor, a la intimidad y a la reinserción social. Otros, como los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura, discrepan y pide que se plantee un «debate social» para afrontar los casos sobre los que existe un «vacío legal». El forense José Miguel Gaona es meridiano: «Controlan sus pulsiones cuando se sienten observados; yo intentaría ponerles durante una década las pulseras de seguimiento y control».

Cualquier medida ya no será aplicable a estos agresores recientemente excarcelados. Tras descartarse en España la castración química, después de varios estudios («no son violadores de entrepierna sino de cabeza»), o los programas de control con GPS (como el modelo canadiense) o de libertad vigilada (a la medida estadounidense) estamos «in albis». Las estadísticas de algunos expertos y el miedo de las víctimas avivan a los legisladores para que «dejemos de lamentarnos cuando no hay remedio y vuelvan actuar. Porque yo no he vuelto a dormir», resume María, con un nudo en la garganta, víctima de Pablo García Ribado.

En el pozo del dolor

Tina Alarcón es tajante: «Con la puesta en libertad de agresores sexuales como "el del ascensor"o "el del portal", las víctimas vuelven a tener miedo», aunque ya estuvieron en terapia y lograron rehacer sus vidas. «Pero estos individuos no son delincuentes comunes, son personas especialmente violentas, que más allá de lo sexual, agreden, maltratan, vejan, roban, atemorizan... A todas les decían saber sus datos, conocer a sus familias y que si les denunciaban no podrían seguir viviendo en paz tras su excarcelación. Por eso hoy, tras su puesta en libertad, no pueden dormir». De ahí el pánico desatado.

Ellas saben de su experiencia y también conocen lo que les han explicado los psicólogos sobre la personalidad de sus verdugos para aceptar mejor su situación dentro del pozo del dolor: conocen su conducta agresiva, su falta de nivel de empatía, su infancia desestructurada, la ausencia de lazos familiares, su nivel de maquinación hasta perpetrar el delito. Nadie les asegura que sus agresores hayan superado esos escollos emocionales y puedan respirar en paz. Ni que sus pensamientos erróneos hayan sido modificados o su entrenamiento en habilidades para relacionarse haya evolucionado en alguno de los programas carcelarios... «De ahí nuestros miedos, porque un violador no rehabilitado utiliza sus genitales, de por vida, como un maltratador el cuchillo».

Andan sueltos

Violadores que se beneficiarán de la derogación de la «doctrina Parot»:

- Juan Manuel Valentín Tejero: fue condenado a 64 años y nueve meses de cárcel por el asesinato, rapto y violación de la menor de 9 años Olga Sangrador en 1992 en Villalón de Campos (Valladolid). El propio Valentín Tejero admitió haber asesinado a la pequeña golpeándola con una barra de hierro. Estos hechos ocurrieron cuando disfrutaba de un permiso extraordinario de salida de prisión.

- Pedro Luis Gallego Fernández: conocido como «el violador del ascensor» –aprovechaba su trabajo como reparador de ascensores para asaltar a sus víctimas–, fue condenado a 273 años, dos meses y 16 días por un total de diez violaciones y los asesinatos de Marta Obregón, de 17 años, y Leticia Lebrato, de 22 años. Su primera violación la realizó en 1976 (con solo 19 años) y desde 1979 ha salido varias veces de prisión, en las que ha vuelto reincidir en su conducta delictiva.

- Pablo Manuel García Ribado: «el violador del portal» cuenta en su currículum criminal con 74 violaciones además de seis agresiones sexuales, diez robos y dos delitos de lesiones por los que fue condenado a 1.721 años, dos meses y 15 días. Fue detenido el 14 de octubre de 1993, por lo que habría permanecido veinte años en prisión, es decir, algo más de tres meses por cada violación.

- Miguel Ricart Tárrega: en compañía de Antonio Anglés (en paradero desconocido), raptó, violó y asesinó a tres niñas de Alcáser (Valencia), que hacían «autostop» para asistir a una fiesta del Instituto. Ricart tiene una condena de 186 años de cárcel, cinco meses y 18 días y, tan solo ha cumplido, 21 años de prisión.

- Joaquín Villalón Díez: Apodado 'el asesino señorito', fue condenado a 52 años de cárcel por descuartizar a su amante y matar a dos transexuales en Madrid. Su carrera criminal comenzó en 1981, cuando asesinó, descuartizó y abandonó en un monte a su amante, Paquita García. Detenido y juzgado por el crimen

- Pedro Antonio Seco Martínez. Fue condenado en 1997 a 90 años de prisión por matar a tres vecinos de Villarrobled (Albacete), a los que golpeó, desnudó y, posteriormente, estranguló hasta la muerte. Pedro José Moreno Villar del Saz, marmolista, de 33 años; José Ballesteros Ordóñez, albañil de 23; y Juan Segundo López Rebolloso, taxista de 42, tuvieron las desgracia de cruzarse con Seco.