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La disputada herencia de la duquesa roja
Los hijos de Luisa Isabel Álvarez de Toledo reclaman una herencia de 60 millones de euros en un macrojuicio que comienza hoy en Cádiz
Los hijos de Luisa Isabel Álvarez de Toledo reclaman una herencia de 60 millones de euros en un macrojuicio que comienza hoy en Cádiz
Hoy se sientan en el banquillo del Juzgado de primera instancia de instrucción número uno de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, los tres hijos de la fallecida Luisa Isabel Álvarez de Toledo, XXI duquesa de Medina Sidonia. Hasta el 30 de octubre, Leoncio, Gabriel y Pilar González de Gregorio y la viuda de la llamada duquesa Roja, Liliane María Dahlmann, están «condenados» a verse las caras, porque todos tienen que ser interrogados. Serán catorce sesiones de un juicio en el que hay más de 60 millones de euros en litigio por una herencia cuya legítima estricta los hijos consideran deficiente y, por lo tanto, reclaman la inoficiosidad de lo que consideran donaciones de un patrimonio que es suyo. Los Medina Sidonia razonan en su demanda que la dotación de los bienes a la fundación que su madre creó se hizo con unos bienes que, aunque hayan sido declarados de Interés Cultural, son parte de la legítima estricta que les corresponde. En el macrojuicio que comienza hoy están implicados la viuda, la Fundación y el Ayuntamiento de Sanlúcar, porque la duquesa cedió en vida el usufructo de la iglesia de la Merced, hoy Auditorio, al Ayuntamiento, y los herederos consideran que el usufructo indefinido es donación. También están involucrados la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ministerio de Cultura, porque los bienes que reclaman están bajo la tutela de estos organismos. De los siete patronos que tiene la Fundación Medina Sidonia, cuatro son las administraciones públicas citadas. Curiosamente, Leoncio de Gregorio, actual duque, también es patrono, por tanto, se demanda a sí mismo.
En noviembre de 1990, la duquesa de Medina Sidonia constituyó una Fundación privada con vocación pública y la dotó de unos bienes para uso público. Básicamente, son el palacio de los Guzmanes y todo lo que contiene, lo cual incluye el que posiblemente sea uno de los mejores archivos históricos privados que existen en el mundo, con seis millones de documentos, además de las obras de arte y muebles del palacio, con una colección de platería extraordinaria de la antigua iglesia de la Merced, propiedad de la familia. La dotación es declarada Bien de Interés Cultural porque así lo solicitó la propia fundadora, que quería evitar que se disgregara en futuros repartos de herencias. Doña Isabel organizó todo para que los bienes que ella había heredado, como resultado de lo que acumularon 25 generaciones de su familia, fueran de disfrute universal.
La defensa argumenta que no es una donación, sino una dotación, y como la Fundación tiene personalidad jurídica independiente, aunque haya fallecido la duquesa la institución puede seguir tal cual. Doña Isabel investigó exhaustivamente para que su herencia jamás pudiera volver a la familia, ésa, al menos, era su intención y su boda in artículo mortis, la puntilla final.
Leoncio, Pilar y Gabriel presentan al mismo tiempo sus respectivas demandas, pero cada uno tiene su propio procurador y abogado. Es difícil que vayan de la mano cuando dos de ellos, Gabriel y Pilar, demandaron a su madre en 1984 por el palacio de la Mortera, en Cantabria. A su vez, Leoncio pleitea con Pilar por el título de Fernandina, que han acabado perdiendo, y el pequeño, Gabriel, no tiene dudas en calificar públicamente a su madre como «una mala persona que estaba como un cencerro».Hubo una audiencia previa al juicio en la que se solicitó que las albaceas del testamento, Urquiola de Palacio y Carmen Olías, fueran también parte del pleito. Han sido demandadas por la Fundación porque considera que han traicionado la voluntad de la testadora en el cuaderno particional redactado al fallecer la duquesa. «Los bienes salen del patrimonio de doña Isabel a título gratuito, ésa es la definición de donación, aunque ella los aporte como una dotación. Las albaceas hemos procurado cumplir la voluntad de la testadora, pero también la Ley, y es el juez quien decide si es o no inoficioso porque se haya excedido el tercio de libre disposición», así lo aclara Urquiola de Palacio, que comenzó a prestar sus servicios de abogada años después de constituirse la Fundación, en 1994. Las partes consultadas están convencidas de que estos bienes en litigio acabarán antes o después en la Administración Pública.
La única moradora del palacio, porque así lo exigen los estatutos de la Fundación Medina Sidonia, es la viuda y heredera de la duquesa, la alemana Liliane Dahlmann, de 59 años, que llegó a la vida de la rancia familia cuando fue invitada en 1982 a la boda del primogénito de la duquesa. A raíz de ese enlace, doña Isabel Álvarez de Toledo y Liliane no se separaron y la que fue su secretaria ya no dejó el palacio de los Guzmanes. No se le conoce ninguna relación desde el fallecimiento de la duquesa. Liliane se casó con la duquesa de Medina Sidonia el día anterior a su muerte. Fue una ceremonia de trámite rápido en uno de los salones del palacio. Brindaron y poco más. ¿Cómo afronta Liliane el juicio? «Con preocupación», nos contestan en su entorno, «porque está siendo demandada y se está poniendo en tela de juicio la voluntad de la fallecida».
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Cuestión de inconstitucionalidad