Factura eléctrica para dummies. ¿Qué pagamos y qué no en el recibo?

La mitad de lo que abonamos por los recibos de la luz no está relacionado con los costes de los servicios.

Si se analiza el gesto anual de un consumidor doméstico acogido al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (la que regula el Gobierno. La alternativa es pasarse al mercado libre y contratar con la comercializadora el precio de la luz mensual), con 4,4 kW de potencia contratada y 3.000 kWh de energía anual consumida, «a final de año la familia habrá pagado 702 euros de luz, de los que la mitad no están relacionados directamente con los costes de servicio», explica Jorge Sanz, quien actualmente es director asociado de la consultora Nera y ha sido presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética.

En la factura hay un sinfín de conceptos, unos claramente unidos al consumo y otros no. El primero es el margen de la comercializadora (que incluye el bono social). También y por supuesto, la energía consumida con las pérdidas en el transporte incluidas. Otro concepto son los servicios de ajuste. Cada día se programa la energía que se necesitará al día siguiente pero como la producción varía en tiempo real se tienen que realizar ajustes que generan costes. Otro de los capítulos son las retribuciones o costes del operador del sistema (Red Eléctrica de España) y del operador del mercado (OMIE). Luego están los peajes, algunos difícilmente evitables como el mantenimiento de las redes; los términos de potencia contratada o el de energía. Y a partir de aquí se llega a una serie de costes regulados y peajes que son más o menos revisables. Entre ellos los costes extrapeninsulares que sirven para que las islas paguen la electricidad al mismo precio que en la Península a pesar de tener unos costes de combustibles superiores. Este cargo se sufraga la mitad a través de la factura y la otra mitad en los Presupuestos Generales del Estado (220 millones en cada parte). El llamado Recore, que son los incentivos a renovables, cogeneración y residuos, y por ultimo la amortización de la deuda o el llamado déficit de tarifa que comenzó en 2001 y que refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos a los que la CNMC ha de hacer frente en las liquidaciones. Como costes regulados dos conceptos revisables: el primero, los pagos por capacidad; aunque no haga falta su producción se paga por la capacidad de un central de comenzar a funcionar si se la necesita. Es cierto que este coste se va reduciendo, pero en España existe un exceso de capacidad del 30%, mientras que Red Eléctrica de España sólo exige un 10% de respaldo. El otro concepto es el de interrumpibilidad; industrias como la cementera o la del acero cobran por la posibilidad de desconectarse de la red si hay un pico de demanda. Y es polémico porque el sistema español cuenta con un exceso de capacidad de generación que no justifica los pagos por interrumpibilidad. Por ultimo están los impuestos: el IVA y el Impuesto Especial Eléctrico.