125 millones estatales en cuatro años dan «aire» a la universidad

El programa estatal de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) permitirá ingresar a las nueve universidades públicas andaluzas 34,7 millones para desarrollar trabajos en los próximos cuatro años.

El programa estatal de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) permitirá ingresar a las nueve universidades públicas andaluzas 34,7 millones de euros para desarrollar trabajos en los próximos cuatro años. Esto supone activar 344 grupos que avanzarán en otros tantos proyectos recogidos en la doble convocatoria de programas orientados a Retos de la Sociedad y Excelencia, dependientes del Ministerio de Economía y Competitividad, cuya resolución se publicó el pasado día 27. El Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 ha supuesto globalmente una aportación de 125,8 millones de euros para las nueve instituciones públicas de la comunidad, según datos facilitados por el Ministerio. El pico de financiación se ha alcanzado precisamente en este ejercicio con los citados 34,7 millones; el año pasado registró la cifra más baja, con 28,2 millones de euros y 325 proyectos. En 2014, fue ligeramente superior, 29,7 millones y 328 iniciativas aprobadas; mientras que en 2013 un total de 343 propuestas recibieron 33,1 millones para su desarrollo.

En el extremo opuesto se sitúa la Junta de Andalucía, con las convocatorias paralizadas desde 2012. Desde entonces, las universidades han visto transcurrir año tras año en blanco. Éste debía ser el de la vuelta a la normalidad de las convocatorias, pero iniciado el último trimestre nada se sabe del nuevo Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi 2020). La primera promesa la hizo en marzo la presidenta, Susana Díaz, coincidiendo con la aprobación del plan, que prevé 16.700 millones hasta el final de la década. El compromiso de la Junta es aportar 2.170 millones de fondos propios –una media de 434 anuales-. «Lo estamos esperando como agua de mayo. Todo no puede hacerlo la Universidad ni le corresponde. Las universidades andaluzas han tenido proyectos de la Junta hasta 2012; desde entonces, la inversión ha sido cero», remarca el vicerrector de Investigación de la Hispalense, Julián Martínez. Esta institución es la segunda que más fondos estatales ha captado este año, 9,6 millones, por detrás de la de Barcelona.

Para Martínez, la situación actualmente es crítica: «Si no salen nuevas convocatorias, los grupos perderán toda su financiación. En los próximos meses caerá totalmente, está en juego la supervivencia del entramado investigador andaluz», alerta. En su centro, se mantienen «vivos» 88 grupos de investigación, que aun no han finalizado el tiempo establecido en la convocatoria regional.

Después de la falta de financiación, el también catedrático de Física identifica la exigente burocracia como el otro gran lastre que arrastra al sector, tanto por parte del Gobierno central como del regional. Como vicerrector y como investigador conoce a la perfección ambas parcelas. «A mí me da vergüenza cuando tengo que pedir a un investigador que pierda su tiempo en justificaciones ya incluidas en su proyecto, o que explique para qué compra un producto químico indispensable para su trabajo», ejemplifica sobre los tediosos trámites a los que son sometidos los profesionales. Estima que solo el Ministerio de Economía tramita anualmente quinientos requerimientos sobre gastos; cada una de esas justificaciones llega a ocupar dos cajas repletas de documentación. Eso les obliga a contratar personal exclusivamente para ello, además del medio centenar de administrativos que ya se dedican a esas tareas en la US. «El mismo atasco se produce en la Consejería. Es inadmisible. Me consta que están intentando mejorar, pero el cambio no ha llegado todavía». En su opinión, «la solución es que los proyectos no estén dentro de la Ley de Subvenciones, esto es algo distinto porque son pagos a una institución como parte de su actividad». El vicerrector defiende la «concurrencia competitiva, pero no dentro de esa ley con tanta intervención. Nos torturan con pequeños detalles obvios como por qué se envían muestras biológicas por mensajero o por el ticket de un taxi, pero no preguntan por los avances logrados».

Martínez es también miembro de la comisión de I+D+i de la Conferencia nacional de Rectores (CRUE), donde ha planteado estas cuestiones, que considera prioritarias. «Están colapsando nuestras universidades, y si no respondes en diez días, te hacen devolver el dinero. No tenemos medios humanos, el volumen que piden es imposible de contestar, nos colapsan y es una forma de recuperar fondos», una circunstancia minoritaria pero que «ha ocurrido». En tal caso, son las propias universidades quienes deben soportar ese gasto adicional. Un obstáculo financiero más para quienes conviven con una deuda millonaria desde hace varios ejercicios por parte de la Junta, que mantiene pendientes de pago 226 millones de euros.