Aguayo encarga ahora un servicio de análisis de costes del sector público

La consejería de Hacienda y Administración Pública ha adjudicado un contrato negociado sin publicidad a Deloitte Advisory para la elaboración de un «servicio de diseño de una metodología de análisis de costes en la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales». La resolución del departamento que dirige Carmen Martínez Aguayo es de 6 de mayo y el coste que tendrá para las arcas públicas el contrato será de 25.000 euros más IVA.

Lo llamativo de este contrato es que se produce más de tres años después de que se iniciara el proceso de racionalización del sector público empresarial. El origen del proceso se remonta a un acuerdo del 22 de marzo de 2010 del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que instaba a las comunidades autónomas a poner en marcha planes de reducción de los entes instrumentales dentro del proceso de consolidación fiscal exigido por la Unión Europea.

El siguiente paso se produjo meses más tarde. El Consejo de Gobierno acordó el 27 de julio de 2010 la reestructuración de su sector público empresarial para «convertirlo en un agente más eficaz y eficiente, más innovador, ágil y cercano a la ciudadanía y al tejido productivo». La polémica normativa se encontró con el rechazo frontal de los sindicatos y la oposición –entonces PP e IU– y pese a tramitarse como proyecto de ley acabó aprobándose en solitario con los votos del PSOE en febrero de 2011.

El proceso tenía que estar culminado el 31 de diciembre de 2012 y su cumplimiento tenía que ser supervisado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En este sentido, el Gobierno central ha certificado que Andalucía ha cumplido los compromisos asumidos en esta materia en un informe presentado el pasado 21 de marzo.

El pasado 2 de mayo, Carmen Martínez Aguayo compareció en comisión parlamentaria y ofreció un balance triunfalista de todo el proceso. Señaló que la reducción neta de empresas públicas ha sido de 113 –dos más de las previstas–, considerados los entes liquidados y los que están en proceso de liquidación. Cifró la supresión de cargos directivos en 294, superior al objetivo cifrado de 180 y cuantificó el ahorro directamente vinculado al proceso de reordenación de 200,7 millones de euros, superando el ob­jetivo inicialmente previsto que era de 118 en tres años.

En esa misma comparecencia, Aguayo defendió que el sector público andaluz es «eficiente» y está «bien dimensionado», argumento recurrente que se utiliza desde el PSOE cada vez que defiende la administración paralela creada en torno a la Junta de Andalucía en los últimos 30 años. Todo lo contrario que se sostiene desde IU, socio de los socialistas en el bipartito, que ha reclamado en reiteradas ocasiones una «hoja de ruta», porque cuando se tenga que actuar de manera obligada en el sector público empresarial, la intervención puede ser «traumática».

El nuevo análisis de costes encargado por la Junta desvelará si hay margen aún para reducir la factura de las empresas públicas. El Gobierno central ha creado un grupo de trabajo con todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para estudiar vías de ahorro y evitar duplicidades entre administraciones. Más de tres años después de la entrada en vigor de la reordenación, parece que existe cierto consenso de que hay posibilidades de «meter la tijera».