Aguayo no señala en la Cámara a los ex consejeros como hizo a título personal

Sevilla- El punto de partida eran unas declaraciones que la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo realizó el 5 de abril en Canal Sur Televisión en las que situó la responsabilidad política en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en los ex consejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández. Sus palabras causaron un gran revuelo porque el PSOE siempre ha puesto el foco sólo en el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Incluso en contra de IULV-CA, socio de gobierno en la Junta y que sí apuntó a los dos ex consejeros en la comisión de investigación que se celebró el pasado verano.

Tras la polvareda, el Grupo Parlamentario Popular solicitó la comparecencia de Martínez Aguayo en la Cámara andaluza para que explicara las «razones» que sustentan su juicio. Una imagen que se produjo ayer. La titular de Hacienda subió al atril consciente de que había una pregunta en el aire: ¿repetiría sus palabras en sede parlamentaria?

No lo hizo. Casi nada más empezar a hablar mantuvo que las polémicas declaraciones «se explican por sí mismas», dejando claro que no iba a reiterarlas. Tampoco se desdijo. Curiosamente se agarró a la vicepresidenta y portavoz del Gobierno central, la popular Soraya Sáenz de Santamaría, para argumentar que si ella puede «hablar a título personal del 'caso Bárcenas'», ¿por qué no iba a poder hacerlo ella del «caso ERE»?

Hubo otro argumento. «Estoy orgullosa», aseveró, «de militar en un partido –el PSOE– en el que hay libertad de opinión y ésta se puede expresar abiertamente». O sea, encuadró las responsabilidades políticas de Fernández y Viera en la trama de los ERE en un juicio personal que pudo expresar en un espacio televisivo, público, gracias a la «libertad de expresión».

Justificaciones que no evitaron que la portavoz del PP en el debate, Ana María Corredera, le reprochara en sus turnos la «falta de valentía» para decir lo que pensaba «de verdad» en el Parlamento ni que rematara pidiendo su dimisión «por acción u omisión del deber» en los hechos que en el ámbito judicial instruye la juez Mercedes Alaya.

Cabe recordar que la consejera apuntó el 5 de abril que existe «una responsabilidad 'in vigilando'» que efectivamente «atañe a los consejeros» que dirigieron Empleo «durante ese tiempo». Ayer, la diputada popular le lanzó a ella otra: la 'in eligiendo'».

«Usted tiene responsabilidad y no ha querido dar cuenta», le espetó, tras censurar a Martínez Aguayo en múltiples ocasiones su decisión de haberse erigido en «parapeto» del presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Una opción que Corredera atribuyó a «la lealtad o la complicidad».

Al presidente se había referido con anterioridad la portavoz del PP para mantener que la titular de Hacienda «habló por su boca en la entrevista» televisada, «poniendo alguna cabeza en la bandeja». Lo hizo, según desarrolló en un intento de que las responsabilidades políticas «no subieran ni un milímetro» y nos les «alcanzara» a ninguno de los dos e «irse de rositas. Con todo, y según puso de manifiesto la propia popular, con su patada hacia arriba, «arruinó la estrategia del PSOE en la comisión de investigación». ¿Un error de cálculo o fue intencionado?

«Qué tiene que pasar para que se dé otro salto y responsabilicen a alguien más alto en el escalafón», preguntó Corredera para evidenciar después su sopresa por que, «a estas alturas», Aguayo siga mostrándose como «la archivera mayor del reino», a pesar de que «es un actor más».

Por su parte, Aguayo acusó a los populares de carecer de «legitimida para hablar de responsabilidades políticas con nueve diputados imputados» en Valencia que «pondrían montar un Grupo Parlamentario propio» o «todos sus tesoreros imputados desde el 92». A lo que Corredera replicó que tenía la legimitidad «de las urnas», al ser el PP-A el partido más votado en las últimas elecciones.

La titular de Hacienda reiteró a lo largo del debate su discurso de que su Consejería no es la responsable «del gasto», que lo son quienes están al frente de «cada centro directivo» en las distintas consejerías. Volvió a ligar los fondos a los proyectos y acusó al PP de «montar una estrategia de difamación» con dos objetivos: dividir al Gobierno «cohesionado» de PSOE e IU y «tapar sus propias vergüenzas» como «Gürtel».

Llegó incluso a atribuir a los populares un «comportamiento medieval e inquisitorial» que busca «intimidar con práctica pseudomafiosas». Ya a la defensiva, advirtió de que ya llevó a los tribunales a quien dijo «cosas» de ella «en otras ocasiones» –ha interpuesto una demanda civil contra el presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, por unas afirmaciones sobre su papel en el caso de los ERE– y que no dudará en volver a hacerlo en el futuro.

La reunión con Guerrero

En una de sus intervenciones, Corredera también interrogó a la consejera sobre su asitencia a una reunión que, según el entorno de Guerrero, se produjo en 2005 en instalaciones de Hacienda y en la que se habría decidido seguir hacia adelante con el «procedimiento» que posibilitó el fraude en los fondos de la partida 31L –el denominado «fondos de reptiles–, como adelantó LA RAZÓN.

Encuentro al que Martínez Aguayo no aludió en ninguno de sus usos de palabra. «Comprendo», ironizó Corredera tras su silencio, «que reconocer esa reunión es aceptar que en 2005 ya saltaron las alarmas y que tampoco se hizo nada». Desde esa óptica, reamtó que no se trata de un caso «de unos cuantos golfos» y acabará siendo el de «uno o dos presidentes», auguró. Casi con más preguntas que respuestas acabó el lance. Las palabras «responsabilidades políticas» se diluyeron en los ecos del plenario.