«Al menos seis causas judiciales» pesan sobre el «insumiso» Diego Cañamero

“Lo que ha pasado con Cassandra Vera clama al cielo”, asegura el diputado de Podemos

El parlamentario nacional de Podemos Diego Cañamero
El parlamentario nacional de Podemos Diego Cañamero

“Lo que ha pasado con Cassandra Vera clama al cielo”, asegura el diputado de Podemos

Un juzgado de Utrera (Sevilla) inició hace días los trámites para que el Tribunal Supremo (TS) pueda juzgar al diputado nacional de Podemos Diego Cañamero por un presunto delito contra la salud pública hilvanado a una huelga de basuras que afectó a El Coronil (Sevilla) en 2013. Pero el propio parlamentario y ex portavoz estatal del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) reconoció ayer a LA RAZÓN que tiene «al menos otras cinco» causas pendientes. Una primera por un piquete en el que participó en la huelga general que hubo de 2012, otra ligada a un desahucio que se produjo de nuevo en El Coronil, una tercera por la «expropiación» de material escolar en una gran superficie comercial, una cuarta por «paralizar el cortijo» en la finca «La Jarilla» en la que «se había despedido a tres cuadrillas» de trabajadores –proceso que también ha llegado ya al TS y en el que se le acusa de supuestas presiones a aquellos empleados– y la última, al menos de las que «controla», por la ocupación en Palma del Río (Córdoba) de la finca «Somonte», propiedad de la Junta.

En cualquier caso, Cañamero se aferra a su autodeclarada condición de «insumiso judicial» y advierte de que «no irá» de forma voluntaria «ni al Supremo ni a ningún otro juzgado», dado que «hace tiempo» que, dice, dejó de «creer en la Justicia». «Y ahora menos, después de que lo que ha pasado con Cassandra Vera», a quien la Audiencia Nacional ha condenado a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo debido a una serie de «tuits» sobre Carrero Blanco. «Eso ya clama al cielo», mantiene el parlamentario de Podemos por Jaén. De lo que sí se mostró satisfecho es de que la Mesa del Congreso haya dejado en el aire la posibilidad de apercibirlo por «mostrar amigablemente» carteles de Bódalo y Urdangarín ante el ministro de Justicia Rafael Catalá.