Alaya ve «claro» que de la documentación se derivarán «nuevas diligencias»

La juez Mercedes Alaya considera «claro» que del examen de la documentación intervenida en la «operación Madeja» podrán derivarse nuevas diligencias asociadas. Dichas actuaciones parten del «caso Mercasevilla» y se centran en la investigación del pago de 30.000 euros al ex asesor del PSOE Enrique Domingo Castaño. En un auto dictado el pasado 9 de septiembre, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla acordó prorrogar un mes más el secreto de sumario en torno a este caso, por el que fueron detenidos en julio tanto Castaño como su mujer, la abogada Ana María Vaquero, el administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo, y el ex administrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo.

Castaño fue el único de los cuatro detenidos que ingresó en prisión, aunque la abandonó a mediados de julio después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla.

En el auto, la magistrada decide prorrogar el secreto a petición del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que justifica su petición en que «por razones de índole técnico y de disponibilidad de personal no ha sido posible completar el volcado de los medios informáticos incautados hasta el pasado día 4 de septiembre», a lo que se suma que «han recibido abundante documentación requerida de diferentes organismos públicos».

La juez asevera que toda esta «ubérrima» documentación está siendo analizada «y es claro que de este examen podrán derivarse nuevas diligencias asociadas en virtud de los datos que vienen extrayendo».

Por ello, considera que la decisión de prorrogar el secreto «es totalmente proporcional a la gravedad de los hechos expuestos», punto en el que la juez insta a la Guardia Civil para que «emplee la máxima diligencia» y «complete» la investigación que viene practicando.

Alaya imputó a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.

Durante su declaración, el administrador de Fitonovo aseguró que entregó un sobre con 30.000 euros a Castaño y que le dijeron que este sobre con la cantidad de dinero referida «era para el PSOE».