Andalucía lidera los recortes en empleados públicos: 17.700 menos en cuatro años

La Junta de Andalucía ha prescindido de 17.703 funcionarios desde 2012, el mayor descenso registrado de todas las comunidades autónomas. La justificación al incesante recorte de trabajadores públicos, la ha encontrado siempre en el decreto ley de 30 de diciembre, por el que el Gobierno central impedía cubrir las bajas que se produjeran en las administraciones, excepto en áreas sensibles como sanidad, educación y seguridad, que se fijó la tasa de reposición en un 10%. Pero la caída en las plantillas públicas había empezado tres años antes. La Junta alcanzó su «pico» de empleados en 2009, con 257.917, según los datos publicados en el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas del Ministerio de Hacienda. Hasta 2012, fecha en la que entra en vigor el citado decreto, el descenso en el número de funcionarios fue de 2.755.

La Administración de Justicia es la que mayor caída ha sufrido porcentualmente en el período 2012-2015: ha pasado de disponer de 8.348 funcionarios a los 7.459 registrados al cierre del año pasado (un 10,7% menos). Ello, pese al endémico atasco que sufren los juzgados, por el que el presidente del TSJA volvió a reclamar refuerzos en la presentación de la Memoria anual. La sanidad es otra de las grandes perjudicadas por la política de personal de la Junta de Andalucía: 5.445 empleados menos si se compara con las cifras de 2012. Sin embargo, el golpe es aún mayor que en el resto de parcelas, ya que desde 2007 han dejado de contratarse a 9.791 sanitarios. Hospitales y centros de salud han visto esquilmado el 9,8% de su plantilla. El sindicato CC OO denunció en septiembre que los presupuestos de la Junta cayeron en 1.400 millones entre 2009 y 2015, un descenso del 13,9% frente al 9% de la media nacional. A ello habría que añadir las excepcionales medidas adoptadas con los profesionales sanitarios interinos, con sus salarios reducidos un 25% para ahorrar costes.

Educación es el único ámbito cuyos recortes se circunscriben a la limitación impuesta por el Gobierno central para suplir a funcionarios. En 2012 la plantilla docente alcanzó su culmen histórico con 115.567 empleados, que sufrió 7.400 bajas al año siguiente que aún no se han recuperado.

Por último, las consejerías y organismos autónomos de la Junta se han visto mermadas en casi 3.500 efectivos en los últimos cuatro años; una brecha que se amplía hasta los 9.644 si se compara con los 41.620 trabajadores que tenían en 2009.

En total, las bajas en la Administración pública andaluza se sitúan en 20.458 si se computan desde 2009. Siete años negros para el funcionariado, que ha quedado reducido a 237.549 trabajadores, mientras veían cómo se seccionaban paralelamente sus derechos adquiridos.

El informe del Ministerio revela que Cataluña, la segunda comunidad con mayor cuerpo funcionarial tras Andalucía, tiene 3.773 menos que en 2012 –164.586–. El recorte en Madrid ha sido mucho más acusado, con 10.482 bajas, de los 157.108 con los que contaba entonces. El Gobierno de Susana Díaz es el que con mayor rigor ha aplicado las políticas de recortes, volcando sobre los trabajadores públicos el mayor peso de las medidas adoptadas. De hecho, Andalucía es la única comunidad que no ha resarcido el pago de la parte proporcional de la extra detraída en 2012, a cuyo abono se comprometió la presidenta en su toma de posesión.

8.700 puestos estatales destruidos desde 2012

Las administraciones locales han perdido 6.000 trabajadores en el mismo periodo

El Gobierno central dispone hoy de 8.748 empleados menos que a principios de 2012. Así lo corroboran los datos del Registro estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, que certifican también la bajada de los trabajadores adscritos a los ayuntamientos y diputaciones (6.082 menos) así como a las universidades (1.278). En el ámbito estatal, Cádiz, Granada y Sevilla encabezan la pérdida de empleos, con en torno a dos mil cada provincia. Sin embargo, porcentualmente ese ránking negativo estaría liderado por Granada, que ha perdido el 19% de sus funcionarios, pasando de los 10.117 de 2012 a los 8.124 que mantenía a junio de 2015, última fecha de actualización de las estadísticas ministeriales. La media de bajada de funcionarios se sitúa en mil. Andalucía ocupa el segundo lugar en este apartado, ya que en Madrid la caída ha llegado a 15.655, hasta los actuales 155.550 empleados públicos.

Las administraciones locales también se han visto afectadas por el real decreto que impide reponer las jubilaciones, con un tope del 10%. La media fue de 760 funcionarios menos, una estadística negativa que lideran Cádiz, Málaga y Sevilla, ya que entre las tres aglutinan el 74% de las plazas amortizadas. Jaén fue la única provincia que registró un saldo positivo: su plantilla creció en 553 empleados, hasta los 10.803.

Las universidades son la última pata del mermado sistema público y no se han salvado de la criba. De los 26.174 trabajadores que tenían en 2012, han pasado a los 24.896 actuales. En total, los efectivos de las administraciones son 35.068 menos que hace cuatro años, cuando se rozó el medio millón (497.659).