Andalucía, pionera en regular el sector inmobiliario

Ahora que el sector inmobiliario comienza a despertarse, la Junta pretende abonar el terreno para no repetir errores del pasado. Andalucía será la primera comunidad autónoma que contará con un código de autorregulación en este ámbito. Los datos demuestran una reactivación del mercado. De hecho, según las cifras publicadas recientemente por el Consejo General del Notariado, la compraventa de viviendas aumentó en el tercer trimestre del año pasado un 13,6 por ciento en la región, en consonancia con la subida generalizada en toda España.

Este código, según la Junta, pretende convertirse en referencia y protección de intereses económicos y sociales de consumidores y proporcionar a las empresas y profesionales del sector una herramienta útil de trabajo. Una guía, en palabras de la secretaria general de Salud Pública y Consumo, Josefa Ruiz, «con la que unificar criterios y mejorar la calidad de los servicios profesionales de intermediación inmobiliaria». Según Ruiz, «la Junta ha querido formar parte de la iniciativa desde su inicio, por entender que es un proyecto de gran interés que va a contribuir a mejorar la calidad de los servicios profesionales de intermediación inmobiliaria, y con ello, a proteger los intereses de las personas consumidoras y usuarias en este ámbito».

El código, de adhesión voluntaria, tiene veinte artículos que incluyen protocolos de actuación, requisitos de publicidad comercial, información a consumidores, forma de adhesión o resolución de conflictos.

Entre sus novedades figura la obligación para las empresas adheridas de informar de los honorarios por servicio prestado y el IVA correspondiente y también reduce a cinco días el tiempo máximo para responder por parte de la empresa a una posible hoja de quejas y reclamaciones, frente al plazo máximo legal de diez hábiles.

Las empresas deberán estar adheridas al sistema de notificación administrativa electrónica, así como al Sistema Arbitral de Consumo, lo que ofrece una garantía adicional a los consumidores, que pueden optar por una vía alternativa a la judicial para la resolución de los posibles conflictos.

Otra de las novedades es una póliza de seguro de responsabilidad civil por un mínimo de 600.000 euros que garantice daños y perjuicios que se puedan causar durante el ejercicio de una actividad y el seguro de caución por las cantidades entregadas a cuenta por importe mínimo de 10.000 euros.

La iniciativa ha sido promovida por la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, Habitale, el Colegio Profesional de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Sevilla y la asociación empresarial Unexia Andalucía. Además, ha recibido el apoyo de la mayoría del Consejo Andaluz de Consumo, un órgano integrado por representantes de la Administración Autonómica y Local, del tejido empresarial y de las organizaciones de consumidores.