Anticorrupción no ve delito en las exoneraciones de los cursos

Afirma que no eximían de justificar los fondos y obedecen a una «lógica interna» de la Junta

La instructora de la «macrocausa» de formación y de los ERE, María Núñez Bolaños
La instructora de la «macrocausa» de formación y de los ERE, María Núñez Bolaños

Afirma que no eximían de justificar los fondos y obedecen a una «lógica interna» de la Junta

La Fiscalía Anticorrupción no aprecia delito alguno en las denominadas resoluciones de exoneración o exceptuación vinculadas a las ayudas para los cursos de formación, ya que «no sólo no exoneraban de justificar, sino que según los datos que obran en la causa se hicieron sobre expedientes en los que las entidades ya habían justificado y estaba pendiente del dictado de la resolución por el órgano gestor» de la Junta.

En un escrito fechado el día 6 de julio y consultado por Ep, el Ministerio Público se opone al recurso del PP-A contra la providencia en la que la jueza María Núñez Bolaños, la titular del juzgado sevillano que instruye la «macrocausa» de formación entre otras, dejó sin efecto el auto de 15 de junio de 2015 en el que su antecesora al frente del órgano judicial, Mercedes Alaya «ordenó unas imputaciones basándose en los indicios obtenidos de la llamada ‘operación Barrado’» desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El mencionado día, Alaya dictó dos autos en los que, respectivamente, solicitaba nuevos datos sobre el «entramado» empresarial del ex consejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda e imputaba a los ex consejeros de Empleo Manuel Recio y de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Antonio Ávila por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Ahora el fiscal Fernando Soto entiende que, con la citada providencia, «se pone orden en todo lo actuado, solicitando se informe por la UCO del curso de las investigaciones, que hasta ahora se habían centrado en la denominada quinta línea de investigación relativa» al Servicio Andaluz de Empleo (SAE)», que se inició tras el informe de control financiero permanente de 2012 relativo a ese organismo. Según el fiscal, esa vía de investigación, junto a la llamada «operación Barrado», determinaron «la imputación y detención de los ocho delegados del SAE de las provincias», además de la de «los jefes de servicio, ello junto a la previa imputación» del ex consejero de Empleo Antonio Fernández «por la elaboración de las denominadas resoluciones de exceptuación o exoneración».

«El auto dejado sin efecto imputó a ex consejeros de la Junta por los mismos motivos», expone la Fiscalía, que añade que, pese a él, «posteriormente se han practicado numerosas diligencias, entre ellas, se han oído a los interventores provinciales, algunos jefes de servicios provinciales, interventor general y director general del SAE, además de recabar numerosa documentación». Tras esos pasos, Anticorrupción sostiene que «con el tiempo» se ha demostrado que las exoneraciones no lo eran «para el beneficiario», sino que «obedecen más bien a una lógica interna» de la Administración.