«Archivado» el informe más preocupante sobre los cursos

La Consejera de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer en el Parlamento que ha recibido nuevos informes de Intervención sobre irregularidades con los fondos para cursos de formación, pero destacó que el más preocupante de los conocidos, referido a Huelva, ha sido archivado.

Montero explicó que las diligencias previas abiertas al recibirse el informe de actuación de la Intervención, que alertó de un presunto menoscabo de fondos públicos en el uso de subvenciones para formación profesional por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Huelva, «han sido archivadas». «El órgano competente ha comunicado a la Consejería (de Hacienda) que tras entrar en el análisis individualizado de cada uno de los expedientes, la instructora de estas diligencias propone acordar el archivo de las diligencias previas al no haberse constatado en las actuaciones que hayan supuesto menoscabo o perjuicio a los caudales públicos», enfatizó.

La consejera insistió en que éste era el único informe de actuación de la Intervención sobre los cursos de formación que alertaba de un posible menoscabo de fondos públicos y destacó que las diligencias previas abiertas para dirimir estas irregularidades se han archivado porque aún no ha prescrito el plazo para que la Junta reclame la devolución de las subvenciones usadas de forma irregular.

Respecto a los nuevos informes de Intervención recibidos en su departamento sobre irregularidades con fondos para cursos de formación, Montero señaló que aluden a los Servicios Centrales del SAE en 2012, recibido el pasado diciembre, y a las delegaciones de Córdoba, Jaén, Sevilla y Huelva, que llegaron a Hacienda el 4 de febrero. «Hemos realizado un control y una vigilancia exhaustiva de todos los informes de la Intervención, de los que tan solo uno advertía de menoscabo de fondos públicos y ha sido archivado», apostilló la consejera.

Montero matizó que el uso de los «importantes» fondos europeos para formación «está siendo investigado por toda la Unión Europea» y que muchos de ellos no han sido ejecutados por las administraciones sino por agentes privados. También advirtió de que en Andalucía «hemos elevado a categoría política términos como informes de actuación o transferencias de financiación» pese a que, en su opinión, «no presuponen nada más» ya que son «términos habituales» en el control y fiscalización administrativa.

«Desde que fui nombrada consejera recibí un mandato claro de la presidenta Susana Díaz: tolerancia cero con la corrupción y máximo control sobre el dinero público, y he utilizado todos los medios a mi disposición para cumplir este mandato», añadió.

La diputada Teresa Ruiz Sillero, del Grupo Popular, denunció la Junta ha ocultado durante siete meses los informes de la Intervención y censuró que la investigación sobre el que alertaba de menoscabo de fondos públicos en Huelva se haya archivado porque queda plazo para que la Junta exija la devolución de subvenciones mal empleadas, porque existen ya varios fallos judiciales en el caso de los ERE que han dictaminado que los plazos fijados por la Junta sí han prescrito. Ruiz Sillero también ha minimizado el archivo de esta investigación porque ha sido una decisión administrativa de la propia Junta y recordó que estas presuntas irregularidades siguen siendo investigadas por la Justicia y por la comisión de investigación del Parlamento.