Arellano, a la defensiva: «En este país ya acabó la Inquisición»

«En este país hace tiempo que se acabó la Inquisición». La frase es del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, quien acusó ayer al PP de «montar un circo mediático» por exigirle explicaciones «inmediatas y contundentes» sobre la denuncia por prevaricación que ha interpuesto en su contra la Fiscalía Superior de Andalucía, por las posibles irregularidades –denunciadas previamente por el Colegio de Arquitectos de Sevilla– en cuatro contratos para un edificio que costó 34 millones de euros cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla. En respuesta a una pregunta del popular Jaime Raynaud, Arellano se mostró a la defensiva al asegurar que «sabía que me convertía en material fungible de una guerra abierta en la que ya no se toman prisioneros», sin ocultar que le preocupa «dar disgustos a las personas que me aprecian».

Tras señalar su «máximo respeto» al informe de la Fiscalía, matuvo que el documento tiene «exactitudes que hubieran sido fácilmente aclaradas si se les hubiera tomado declaración a los funcionarios o al él mismo». No obstante, remarcó que «estamos todos disponibles tras un año de procedimiento». También reiteró su disponibilidad para dar explicaciones, aunque lamentó que «a algunos políticos no les interesa conocer realmente este asunto». «Me duele y no puedo tolerar que se ponga en duda el buen nombre de la Universidad de Sevilla y de sus trabajadores sin haberles dado la oportunidad de ser escuchados», remarcó.

Raynaud le exigió que aclarara las repercusiones de su situación en la imagen de Andalucía, en los fondos europeos recibidos y en los compromisos de transparencia adquiridos por la presidenta de la Junta, Susana Díaz. «La parte que me compete sobre los fondos europeos no tiene ningún efecto», aseveró Arellano, al tiempo que destacó que el asunto está ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), «donde tiene que estar y no al albur del tacticismo y oportunismo» político, precisó.

El diputado popular le recordó que su versión de los hechos «no coincide» con la denuncia de la Fiscalía, que habla de «prevaricación y falsedad», y le acusó de «ignorar la ley por una aplicación torcida del derecho». «De ella se desprende que la finalidad perseguida era la adjudicación de una obra a determinados arquitectos profesionales sin justificación y sin urgencia legal», explicó.

Al margen del procedimiento, Raynaud criticó que lo que ha hecho el consejero hasta el momento ha sido una «mera declaración de soslayo o refilón por un hecho muy grave».

Además, reiteró que la obras en cuestión estaban subvencionadas con 17,7 millones de fondos estatales y europeos.

«Es preciso y urgente que la Universidad de Sevilla se pronuncie, pero usted es actualmente consejero de Economía y dentro de sus competencias están las universidades, y los presupuestos de la universidad vienen de los fondos públicos de la Junta», recalcó el portavoz popular.