Ávila y Martínez Aguayo denuncian indefensión

Los ex consejeros de la Junta Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo denuncian la «evidente indefensión» que se les está produciendo después de que el juez Álvaro Martín les haya denegado el acceso a determinadas actuaciones practicadas en el marco de la pieza del procedimiento específico por el que la Junta concedió las ayudas investigadas en el «caso ERE».

En un escrito elevado al Juzgado, al que accedió Europa Press, la defensa de los dos ex consejeros recurre la providencia de 29 de enero en la que el instructor le denegó darle traslado de la grabación de la declaración efectuada por Juan Ramallo Massanet, catedrático emérito de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro emérito del Tribunal de Cuentas Europeo. Este perito, en una comparecencia celebrada el 21 de diciembre de 2015 y que fue grabada en soporte audiovisual, ratificó ante la jueza María Núñez Bolaños su informe sobre las competencias de la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez en la elaboración presupuestaria, en el que defiende que la encausada «actuó en todo momento con sujeción a la legalidad financiera y presupuestaria». El abogado de los dos ex consejeros indica que su solicitud fue denegada «con motivo de la publicación en prensa» de la declaración como investigado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y entiende que esta decisión «es contraria a derecho y vulnera los intereses» de los encausados. A su juicio, dicha denegación «infringe» el principio de publicidad de las actuaciones y «obvia dos cuestiones esenciales», como es, en primer lugar, que la defensa de los dos ex consejeros «tiene el mismo interés que el Juzgado en que las presentes actuaciones se mantengan lo más reservadas posibles para así evitar que se dañe aún más la imagen de los investigados» en la causa, «que vienen padeciendo un juicio mediático y paralelo». En segundo lugar, dice que «esta parte no fue ni la que dio publicidad a la mencionada declaración ni la que debe por ello sufrir las consecuencias de la actitud de otros, siendo función del Juzgado –y no de las partes– emplear los medios adecuados para impedir la difusión en prensa de las declaraciones mediante la aplicación de cualquier medio que se entienda oportuno y adecuado sin negar absolutamente, como se hace, el derecho de acceso a las actuaciones judiciales a las partes personadas».

Por su parte, los abogados que representan al PP-A criticaron que la Junta haya recurrido el auto de Bolaños confirmando la personación de los populares en la causa al entender que «se ha erigido en defensora de los imputados, ocupando una posición procesal incompatible con la que tiene reconocida, cual es la de acusación particular».