Avisan de que 3.500 trabajadores del Infoca no tienen «nada que hacer»

Fuentes de CSIF exigen a la Junta «explicaciones claras» de por qué no se han autorizado aún los trabajos de prevención de incendios.

«Está sucediendo algo inédito en la historia del plan Infoca», advierten a LA RAZÓN fuentes de la sección sindical de CSIF en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) de la Junta. ¿A qué se refieren? Aseguran que «no se han autorizado todavía este año el comienzo de las obras de trabajos preventivos como la limpieza y la apertura de cortafuegos» lo que implica que «una plantilla integrada por unos 3.500 trabajadores se encuentre desde hace días sin poder realizar prácticamente nada».

En ese escenario, lamentan que la empresa pública, dependiente de la Consejería de medio Ambiente y Ordenación del Territorio, «no dé explicaciones claras del motivo de lo que está pasando». De hecho, existe al menos una triple posibilidad, según lo que les han transmitido: «Nos han comentado que se debe a que hay un problema con los fondos europeos Feder, también que se ha retrasado su aplicación al estar el Gobierno en funciones y, por otro lado, que la Intervención General de la Junta (IGJA) no ha autorizado el inicio de las obras forestales de prevención», apuntan las fuentes consultadas por este periódico. El sindicato exige claridad, ya que «es una situación muy preocupante para los trabajadores y está empezando a crearse cierta alarma», avisa. «Si el dinero que paga nuestras nóminas se financia con las obras de los trabajos de prevención de incendios que son financiadas con fondos europeos para mantener a la plantilla los doce meses del año, no sabemos qué consecuencias puede tener que 3.500 trabajadores lleven dos semanas sin llevar a cabo actividad alguna», plantean con preocupación.

No quieren envolverse en banderas reivindicativas, pero sí exigen que se les explique «qué está pasando realmente» y se les diga «quién o quiénes son los responsables de que 3.500 personas no tengan prácticamente nada que hacer desde el 15 de octubre», fecha en la que lo habitual es que ese colectivo arranque las labores de prevención contra las llamas que «suelen durar hasta el 30 de mayo». Reclaman, en definitiva, que les «garanticen» que «no habrá ninguna consecuencia» para esos miles de trabajadores en espera.