Cañete «relativiza» las alertas

El ex director de IDEA no apreció «ninguna duda o sospecha de la más mínima irregularidad»

En noviembre se cumplen 25 años de la «adopción» por parte de Sevilla del portero Santiago Cañizares, «Cañete» ese día para la afición, tras un recital en un España-Dinamarca que certificó el pase al Mundial USA'94. Jacinto Cañete, ex director general de IDEA, también se afanó ayer en el juicio sobre el procedimiento específico de los ERE en el arte de parar las preguntas de la Fiscalía –que le pide 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación– y echar balones fuera. Cañete señaló que se encargaba «del qué y los expertos del cómo», así como que, en la línea de la ex consejera Martínez Aguayo, todos los asuntos relacionados con la partida 31L y las ayudas sociolaborales eran tratados como un tema más, sin mayor importancia o trascendencia. Como su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Serrano, indicó que IDEA era sólo el instrumento para pagar ayudas que daba la Dirección General de Trabajo y que se abonaban con fondos que transfería Empleo a IDEA y venían recogidos en los Presupuestos de la Junta.

El durante «menos de 18 meses» máximo responsable de IDEA señaló del programa de las ayudas que sobre él «no tenemos ningún tipo de actuación, más que el pago». Los pormenores los «gestiona la Dirección de Trabajo» y «con cargo al Presupuesto se pagan los requerimientos de la Consejería de Empleo». Sobre los informes de cumplimiento, señaló que «mentiría si dijese que los leí con profundidad. Son contenidos técnicos, se lo pasé al experto para un resumen, que decía que en términos generales se cumple con la normativa y que hay aspectos puntuales». «Nunca tuve la más mínima duda de que era legal, se lo aseguro, señor fiscal», destacó apuntando la «relatividad de la importancia» de estos reparos hasta para «el propio interventor». Sobre lo que no era competencia de IDEA, como el uso de las transferencias de financiación, dio orden de transmitirlo a Empleo. El ex alto cargo insistió en que las órdenes estaban «visadas» por el consejero de Empleo y firmadas por el director de Trabajo», por lo que «con total normalidad se tramitaba el pago». «El contenido técnico de una transferencia de financiación lo he conocido ahora», declaró, citando la coletilla empleada en el juicio por el ex interventor Manuel Gómez: «'Con los ojos de hoy' y después de un master (por el juicio), ahora sé qué es. Antes no tenía ni idea». Sobre los informes de cumplimiento y los de control financiero permanente, señaló otro tanto: «Cuando me llegó el primero, me enteré de lo que era. Estuve sólo 18 meses (de mayo de 2008 a diciembre de 2009)». Acerca del desequilibrio de las cuentas, indicó que «no soy un auditor, no tengo experiencia contable. Conocía las cuentas de la compañía a trazo grueso», aunque añadió que «la agencia es imposible técnicamente que pueda tener déficit». «Teníamos la obligación de pagar», insistió, explicando que, de haber cosas por cambiar, correspondían a «la dirección de Trabajo».

Cuestionado por la ausencia de representación sindical en los acuerdos firmados por la Dirección de Trabajo y las empresas, destacó que «nosotros no leíamos un solo expediente». «Los convenios venían revisados por los servicios jurídicos y financieros, nuestra única posibilidad era pagar. Está todo visado previamente», argumentó, añadiendo que «creía en la eficacia del director general, que era su superior jerárquico» y «nunca le comentaron el pago de intereses por retrasos». Asimismo, al estar después «todas la órdenes visadas por Barberá (ex viceconsejero de Empleo), me daba más confort». «Éramos un ente instrumental, con la obligación de acatar las decisiones de la Junta», recordó. «La firma del director general es más que suficiente», añadió, recordando que cuando llegó ya «llevaba ocho años funcionando el programa».

El convenio marco de 17 de junio de 2001 también lo ha «conocido en la causa», señalando, no obstante, que «era de conocimiento generalizado» porque «estaba en los presupuestos».

Cañete aseguró que no recibió «ninguna indicación de Innovación o de Empleo» sobre los pagos ni «instrucciones para una ayuda». «Todas las administraciones convergían en un objetivo: paliar los efectos de la crisis», dijo. «No asumo que no hubiera una norma de la Dirección General de Trabajo», aseguró. Vallejo –al que el presidente del tribunal llamó la atención ayer para que se sentara más recto– le dijo cuando empezó la crisis: «Hemos perdido mucha grasa, no podemos perder músculo en el tejido productivo», pero pensaban en todo momento que el trabajo se gestionaba «con el marco apropiado».