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Carmen Castilla llama «fascista» al Gobierno en su estreno como líder de UGT-A

Carmen Castilla, secretaria de políticas sociales de UGT-Andalucía, junto al responsable saliente, Manuel Ferrer tras haber sido elegida
Carmen Castilla, secretaria de políticas sociales de UGT-Andalucía, junto al responsable saliente, Manuel Ferrer tras haber sido elegidalarazon

La secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT-A, Carmen Castilla, ha sido elegida como nueva secretaria general del sindicato con el 83 por ciento de los votos de los delegados participantes en la reunión del comité regional extraordinario celebrada este jueves en Sevilla.

El sindicato UGT-A culminó ayer en el Comité extraordinario la operación para aplicar un torniquete, hacer una limpieza cosmética, y poner de cara al exterior el contador a cero con una nueva secretaria general, orillando la posibilidad de que una comisión gestora, como quería la dirección nacional, cogiera las riendas para convocar un congreso regional, opción por la que ha apostado también el sector crítico.

UGT-A llegó ayer al Comité con el plan cerrado, sin exponerse a sobresaltos. La candidatura de Carmen Castilla como secretaria general salió adelante sin ningún aprieto. Obtuvo un respaldo del 83 por ciento. 118 de los 120 votos. La oposición se limitó a 20 papeletas en blanco. La Ejecutiva ha mantenido una intensa ronda de contactos en las últimas semanas con las federaciones y las direcciones provinciales porque el candidato necesitaba un apoyo de dos tercios de los delegados. Es decir, 80 de los 120 votos. En el caso de no haber llegado a esta mayoría cualificada, se hubiera constituido una gestora. Los números en un principio no salían. El principal puntal de apoyo de la Ejecutiva es la potente federación de Servicios Públicos (FSP), a la que pertenece Carmen Castilla, enfermera de profesión. Para que al menos hubiera partido, era necesario que alguna de las federaciones históricas y de más empuje movieran ficha en favor de la gestora. En este terreno ha jugado la mitad de Industria (Fitag) y Metal (MCA), con fuerza suficiente como para haber plantado cara a la Ejecutiva. Pero finalmente Metal, que era clave en el proceso, como ya informó este periódico el pasado 31 de enero aludiendo a las palabras de un veterano del sindicato –«si no hay una federación fuerte que tire para adelante, no hay consistencia crítica»–, prefirió plegarse a la renovación parcial diseñada por la Ejecutiva.

Esta renovación parcial pasa también por la salida de las dos personas que aún quedaban de la etapa Pastrana, como también avanzó LA RAZÓN: Josefa Castillejo y José Carlos Mestre. La Secretaría de Empleo y Formación, vivero de muchas de las irregularidades contables conocidas en los últimos meses y que instruye el juzgado de Mercedes Alaya, pasa a manos de Óskar Martín Silvoso, de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) de Granada. Por su parte, Carmen Barrera Chamorro, procedente de la Federación de Servicios Públicos y representante a nivel confederal, releva a José Carlos Mestre en la Secretaría de Institucional y Coordinación de Área Externa. La Secretaría de Políticas Sociales e Igualdad que deja Carmen Castilla pasa a manos de Consuelo Núñez Correa, también proveniente de la Federación de Servicios Públicos. Estos nuevos nombramientos contaron con el 85 por ciento de apoyos al conseguir 97 votos a favor y 17 en blanco.

Sigue, sin embargo, como hombre fuerte en Organización Manuel Ferrer. Ferrer ha mantenido en todo momento la tesis de los errores puntuales en la facturación, pese a la avalancha de datos en contra. Quedó en evidencia en una rueda de prensa el pasado 3 de diciembre cuando dijo que desde un ordenador habían borrado 1.756 archivos de contabilidad. El sistema Spyro, como detalló este periódico, impedía el borrado de información contable. Es la mano ejecutora del despido del sindicalista Laureano Conde.

En una mañana UGT ha cosido –el sector crítico cree que provisionalmente y que finalmente estallarán las costuras– el siete provocado por la dimisión de Francisco Fernández Sevilla a finales de noviembre. A Fernández, mano derecha de Manuel Pastrana como secretario de Organización, no le quedó otra salida. Su nombre estaba en el ojo del huracán de las graves informaciones sobre irregularidades contables aparecidas en los medios de comunicación y que han desembocado en el registro de la sede central del sindicato el pasado 19 de diciembre. LA RAZÓN avanzaba ayer que UGT-A había cargado 400 relojes y 200 bolígrafos de plata a dos subvenciones de formación. Es un capítulo más de una ancha estela de escándalos con un epicentro claro: UGT-A, tal y como todas las evidencias apuntan, diseñó una ingeniería contable para desviar gastos propios a subvenciones finalistas de la Junta. UGT ha cargado irregularmente comidas –amenizadas con marisco–, regalos y un sinfín de gastos corrientes. No hay que perder de vista que la Junta ya ha declarado nulas dos subvenciones que ascienden a 1,8 millones de euros. Una de ellas constaba de 408 asientos contables. Además revisa otras 15 que ascienden a 7,5 millones. El importe final de devolución es actualmente difícil de prever. Dependerá de las diligencias del juzgado encargado, que trabaja en estrecha colaboración con la Guardia Civil.

Teniendo en cuenta este contexto, la federal quería que se organizara una gestora y abordar la renovación de forma más amplia en un congreso. No lo escondió ayer el secretario de Organización de UGT federal, José Javier Cubillo, presente en el cónclave. «Hubiera preferido un congreso extraordinario». «UGT no es una organización vertical y el Comité regional es el que tiene la capacidad para cubrir la vacante de la Secretaría General en primera instancia». Fuentes sindicales deslizan un tablero de juego complejo, que estaría condicionado por una posible dimisión de Cándido Méndez en los próximos meses. El tono ya lo dejó patente Carmen Castilla en su primera intervención: «No pudo con nosotros el fascismo y no podrán con nosotros tres, cuatro o cinco. Somos los mejores y seguiremos defendiendo los derechos y libertades». Llamó expresamente «fascista» al Gobierno del PP por «cargarse la Constitución por la vía de atrás».