Castaño aclara a Alaya que no era responsable de la licencia otorgada a Sanma

Sevilla- Lo que parecía un serio impulso al caso de la irregular venta de los terrenos de Mercasevilla quedó ayer reducido a casi nada. La juez Alaya había citado a declarar al ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense, Domingo Enrique Castaño, el arquitecto Alberto Balbontín y otros dos funcionarios imputados.

La comparencia del ex asesor del PSOE se redujo a apenas unos minutos. La magistrada le preguntó por su posible intervención a la hora de otorgar una licencia de primera ocupación de unas naves a Sanma sin que estuvieran terminadas las obras de urbanización. Castaño respondió que en ese proceso ya no estaba trabajando en el Ayuntamiento, según informaron fuentes judiciales, pues había abandonado el departamento de Vía Pública en 2007 y la licencia fue concedida en febrero de 2008. De hecho, el ex asesor del PSOE por entonces había pasado a trabajar en la empresa Duse, vinculada a Sanma.

El problema del suministro eléctrico había sido uno de los principales obstáculos con los que se encontró la anterior propietaria, la empresa Larena 98, y posteriormente sí se facilitó a Sanma. Según uno de sus autos, la juez entendía que tanto Castaño como la jefa de servicio María Victoria Bustamente «podrían haber impedido el pase al servicio de Obras, Proyectos y Actuaciones Infraestructurales para que se acreditara la falta de conclusión de las obras de urbanización».

Antes de la llegada de Castaño, Bustamente se había acogido a su derecho a no declarar.

El arquitecto Alberto Balbontín, por su parte, puso de manifiesto que el director técnico de Sanma le trasladó que el problema de la acometida eléctrica estaba resuelto porque estaba garantizado por la propia Sevillana-Endesa, por un coste de poco más de 2.000 euros. Balbontín habría sido quien emitió el certificado final de obra en la que se hacía constar que la edificación estaba concluida y apta para su uso, pese a carecer de la infraestructura necesaria.

Por último, Alaya citó a declarar por error al técnico del servicio de licencias José Manuel Ferrera, cuando a quien pretendía llamar era al arquitecto técnico de Vía Pública Alfredo Delmo, también imputado.