Chaves sabía «perfectamente» que la Junta daba ayudas, pero no cómo

«Para mí es difícil pensar que en cualquier consejería se pudiera establecer un procedimiento para burlar la ley», ha defendido el ex presidente la Junta de Andalucía durante su declaración.

«No queremos esconder nuestra responsabilidad», le garantizó ayer al tribunal que enjuicia el «caso ERE» Manuel Chaves, pero lo cierto es que la suya fue una «declaración-calesa»: dio vueltas para llegar al mismo sitio, no se enteró del presunto fraude porque todo lo que lo rodeaba escapaba a sus competencias. El que fuera presidente andaluz durante 19 años afirmó en la Sala, en plena Feria de Abril de Sevilla, que sabía «perfectamente» que en la Junta «se daban ayudas sociolaborales», como se otorgaban para actividades educativas, culturales, deportivas o medioambientales, pero desconocía «cómo se daban». Y lo ignoraba porque «no correspondía» a su «ámbito político de decisión». «No entraba» en el modo en el que se repartieron los fondos públicos ni «en cuál era el procedimiento ni la normativa que se seguía, cuál era la exigencia, el requisito, la condición, la cuantía, los beneficiarios...», enumeró. Su espacio de acción en torno a las subvenciones bajo sospecha se limitaba, de acuerdo a su explicación, a poner encima de la mesa que arrancara «un plan de viabilidad que pudiera dar lugar» a otro industrial para las empresas en crisis. «Punto», condensó. Insistió en varias ocasiones en que no quería «hacer dejación de responsabilidades», pero también en que, en «una estructura de confianza del Gobierno, eran otros –los consejeros y los directores generales, estos últimos con los que «nunca despachó»–, los que tenían que poner en marcha» los mencionados planes de rescate «a través de una negociación».

Quienes lo precedieron en el estrado se han tirado la pelota unos a otros y Chaves la lanzó en conjunto. Trasladó al tribunal que «siempre partió» de que en la maquinaria engrasada del Ejecutivo autonómico todo «se desarrollaba legalmente». «Para mí –sostuvo– era muy difícil pensar que se pudiera establecer en la Consejería de Empleo, en la de Educación o en cualquier otra, un procedimiento conscientemente ilegal o que se hiciera para burlar la ley», que es lo que se juzga en esta primera pieza del «macroproceso». O dicho de otro modo: «Siempre he partido de que mis consejeros y consejeras en todo momento, en cualquier actuación, procedimiento o ayuda, respetaban escrupulosamente la ley».

Admitió haberse reunido con comités de empresas, empresarios y sindicatos, por separado, al calor de conflictos sociolaborales durante las casi dos décadas que comandó la Junta, pero «nunca» le preguntaron a él directamente por las condiciones a cumplir para solicitar unas ayudas que, negó, se adjudicaran por criterios territoriales. No recordaba, pero tampoco descartó que en los Consejos de Gobierno que presidió se hablara del «coste global» que estaba suponiendo para el Gobierno andaluz la solución de los avisperos que significaron el cierre de empresas como Santana o Cárnicas Molina, el mantenimiento de lo que se ha llamado «la paz social» en la comunidad. A ésta se refirió el histórico socialista para defender que para garantizarla, eran «fundamentales» o «necesarios» los «acuerdos de concertación con las organizaciones sindicales más representativas y con los empresarios». Como lo eran para «favorecer el crecimiento económico y la generación de empleo». Eso sí, no supo que la consecuencia de uno de esos pactos, el quinto, era asignar subvenciones a CC OO y a UGT.

Rememoró además las discusiones entre distintos consejeros y el titular de Economía y Hacienda por el dinero, enfrentamientos que él debía «dirimir» y lo hacía dándole la razón al último, «si no se llegaba a un acuerdo». En ese punto quiso relatar que esto se debía a que había leído un libro de intrigas palaciegas, «Juliano el Apóstata», en el que «se decía» que en una discusión entre ministros, para que el Gobierno no entrara «en crisis» había que «darle la razón siempre al de Hacienda».

Nunca leyó, en cambio, las memorias que acompañaban al plan anual de control financiero permanente de la Intervención General de la Junta. «No me podía dedicar a mirar todo el expediente de cada punto del orden del día –de los Consejos de Gobierno– porque me hubiera pasado todo el tiempo de mi Presidencia leyéndolos», ironizó para justificarse. Con todo, matizó haber revisado las memorias de 2004 y 2005 con motivo de la causa judicial. Es más, lo hizo para asegurar que de esa lectura «no había detectado ningún dato» que le hubiera podido indicar que «iban a saltar las alarmas y que la cosa era...». Es decir, que tampoco hoy habría reconocido la alerta.