Chaves y Griñán, al banquillo seis años y 329 días después

Seis años y 329 días habrán pasado el próximo 13 de diciembre desde que la jueza Mercedes Alaya abriera el «caso ERE» e incoado las diligencias previas 174/2011 por la comisión de delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. La Junta de Andalucía llevaba diez años pagando, presuntamente, prejubilaciones de forma ilegal. Los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Sevilla antes de que finalice el presente 2017, junto a otros veinte ex altos cargos del Gobierno andaluz, acusados en la denominada «pieza política», la primera en ser juzgada.

El juicio se iniciará con las cuestiones previas –durante los días 13, 14 y 15 de diciembre– y a partir del 9 de enero está previsto que declaren los acusados, con 4 sesiones semanales –lunes y martes, solo por la mañana; los miércoles, por la mañana y por la tarde–. Así se fijó en la reunión mantenida ayer por la mañana entre los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que componen el Tribunal que va a enjuiciar esta causa, los fiscales y los abogados personados en esta pieza, que aborda el procedimiento específico utilizado para conceder entre 2000 y 2011 las ayudas de los ERE a empresas. Una medida que supuso un desembolso discrecional y arbitrario de 855 millones, según el juez que dictó el auto de procesamiento, Álvaro Martín.

El juicio, cuya duración se irá perfilando una vez comience la vista oral en virtud de cómo se vayan desarrollando las declaraciones tanto de acusados como de testigos, será presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, que sustituyó al magistrado Pedro Izquierdo, recusado porque fue ex alto cargo de la Junta.

Además de los que fueron presidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, en este juicio están acusados, entre otros, seis ex consejeros –José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez–, dos ex viceconsejeros, dos ex directores generales de Trabajo, un ex interventor general de la Junta, un ex director general de Presupuestos, el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta y dos ex directores generales de la agencia pública IDEA, que pagaba las ayudas.

El procedimiento específico tenía por objeto «eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta», según el juez Martín, que estuvo de refuerzo en el juzgado de instrucción 6 a propuesta de la jueza María Núñez Bolaños, después de que ésta en junio de 2015 sustituyera a Alaya, quien había conseguido una plaza en la Audiencia.

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán –presidente entre 2009 y 2013– por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, supuestamente desoyendo los informes de la Intervención que alertaban de las irregularidades. Para Chaves, que fue presidente durante 19 años, entre 1990 y el 2009, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El 15 de junio de 2015, cuatro días después de que Susana Díaz fuera elegida presidenta de la Junta de Andalucía con el apoyo de Ciudadanos, formalizó su renuncia como senador. Manuel Chaves, presidente cuando se puso en marcha el fondo de reptiles, dejó su acta como diputado en el Congreso el 2 de julio de 2015 junto con Gaspar Zarrías.

Además, la Fiscalía solicita ocho años de prisión para los ex consejeros Viera, Fernández y Vallejo por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Martínez Aguayo, por el mismo delito.