Cinco días para defender el «concursillo» de profesores

El TSJA requiere a la Consejería de Educación de la Junta para alegar contra la petición de suspensión de la comisión de servicios docentes.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha requerido a la Consejería de Educación para que en cinco días realice alegaciones al recurso de un grupo de trabajadores de la administración educativa andaluza que solicita, como medida cautelar, la paralización del «concursillo» docente de traslados –que la Junta ha mutado ahora en comisión de servicios–, al entender que en sus términos actuales el procedimiento incurre en «discriminación», según precisaron a Europa Press fuentes del caso.

La causa nació después de que el Ejecutivo regional publicara la modificación de una normativa que discrimina a los docentes al crear una modalidad de comisión de servicio para conciliar la vida familiar, personal y laboral, «prohibiendo solicitarla a un gran sector del profesorado, de más de 20.000 personas», cifra correspondiente a los provisionales, a los que se sumarían los interinos y en prácticas. Como quiera que, según los afectados, ello va contra la ley al hacer una «discriminación sin justificación alguna» entre funcionarios de carrera, es por ello que se solicita la paralización del procedimiento, con lo cual se podría dar la casuística de verse comprometido el inicio del próximo curso escolar, al no tener destino donde trabajar profesores. Si con la anterior fórmula del «concursillo», histórica reivindicación sindical, la Administración podía dar opciones a los profesores que no obtengan el destino deseado en el concurso de traslados de comisiones de servicio en esos destinos de los que han participado, la Junta, en base a los postulados de la Ley de Educación de Andalucía (LEA), ha optado ahora por este modelo «que sólo se dirige a la gente con destino definitivo». «Cualquier juez ve claramente que es inconstitucional», resumió este grupo, que promueve escritos presentando su postura ante diputados del Parlamento, el Defensor del Pueblo Andaluz, la propia Consejería de Educación y los sindicatos. Solicitan suspender el presente proceso e iniciar nuevas negociaciones para el curso 2017-2018 en las que se tenga en cuenta a todo el personal docente «independientemente de su condición de definitivo, provisional, en prácticas o interino, todo ello bajo el principio constitucional de igualdad».