Ciudadanos sitúa en Chaves y Griñán el listón de las responsabilidades en el fraude de los cursos

«Se ha constatado que la actuación de los responsables políticos que se han ido sucediendo en la consejería –de Empleo– con competencias en la materia –formación–, ha ido marcada por una gran falta de coordinación, comunicación y continuidad en la gestión, lo cual ha contribuido sin duda, a los ‘desórdenes’ e incidencias» cuya existencia se admiten en el dictamen elaborado por el presidente de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre las ayudas formativas, Julio Díaz (Ciudadanos). Sentada esa base, que han existido «irregularidades» ligadas a los fondos con los que la Junta ha subvencionado desde 2002 los cursos, ¿dónde ha colocado Díaz el listón de las responsabilidades políticas por el presunto fraude? En los ex presidentes del Gobierno autonómico, los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a quienes se les culpa en última instancia de «los nombramientos de los diferentes titulares» de Empleo y a los que se les atribuye «la superior dirección y coordinación de todas las consejerías». Quien queda libre de toda sombra en medio de esa presunta actuación de la Administración andaluza marcada por los despropósitos, a tenor de la propuesta del presidente del órgano parlamentario, es la actual jefa del Ejecutivo regional, la también socialista Susana Díaz.

En relación a Chaves, en el documento de 136 páginas al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se recuerda que fue presidente de la Junta «desde el traspaso de las competencias en materia de Empleo y Formación para el Empleo hasta abril de 2009», o dicho de otro modo, el periodo de «inicio, planificación, impulso, aplicación y desarrollo de las políticas» diseccionadas por la comisión. Su responsabilidad es, a juicio de Díaz, «‘in eligendo’ e ‘in vigilando’» a lo largo de todos esos años.

En el caso de Griñán, le achaca sólo la primera, «in eligendo», y matiza que durante su etapa, en concreto en 2012 se publicó la última convocatoria de subvenciones de formación para el empleo» destinada a los consorcios, y antes, desde 2011, «ya no se publicó ninguna para el resto». Sobre este punto, la ausencia de convocatorias de subvenciones desde 2012, el presidente de la comisión alude a Díaz para hacer suyo su discurso de que «adoptó la decisión de mantener» esa paralización, a partir de septiembre de 2013, ante las sospechas que se cernían sobre la gestión de los fondos públicos y señalar que dicha decisión «ha conllevado un perjuicio social, ya que los desempleados no han podido tener acceso a la formación». Y hasta ahí un dardo que no tiene más reflejo en cuanto a las responsabilidades.

Se da la circunstancia de que en el otro plano en el que también se aborda este asunto, el judicial, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que ambos ex presidentes sean citados en calidad de investigados en uno de los procesos abiertos en la comunidad, en esta ocasión por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Además de a Chaves y a Griñán, el representante de Ciudadanos apunta a los sucesivos titulares de la Consejería de Empleo y de las viceconsejerías competentes en materia de formación profesional para desde 2002 hasta el 4 de mayo de 2012, así como a los directivos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), incluidos los de la su red provincial.

Según se desprende del apartado de conclusiones, pese a las anomalías, no se habría producido menoscabo de fondos públicos, si bien, se puntualiza en el texto que se han detectado tres expedientes, que sumarían un importe global de 58.473 euros y corresponderían dos al ejercicio de 2002 y el tercero al de 2003, que sí «pudieran estar prescritos» por la actuación de la Administración. «Descansa en la consejería –se avisa en el documento, presentado días después del plazo previsto y con alguna falta de ortografía– la obligación de recuperar hasta el último céntimo de euro a través de todos los mecanismos administrativos y judiciales para que ello así sea». El presidente del ente de la Cámara hace otro reconocimiento: «La situación de las subvenciones de la formación padecida en Andalucía provocó en su día una pérdida de confianza de la Unión Europea» que implicó la «descertificación de 46 millones de euros, para no acrecentar la misma», ratifica. Registrada la propuesta de dictamen, los distintos grupos parlamentarios tendrán hasta el día 27 de febrero para aportar sus enmiendas.