Con la construcción en caída, Cortés prevé una «segunda burbuja inmobiliaria»

Será difícil que en Andalucía, al menos con IU en el poder, el sector de la construcción de obra nueva tome impulso. Sólo se hará en lugares con los planes urbanísticos consolidados y siempre que las entidades financieras comprometan la financiación. La prioridad será la rehabilitación, tal y como insistió ayer la consejera de Fomento y Vivienda Elena Cortés en el Parlamento.

Pese a la continua caída de los visados de viviendas de obra nueva –casi un 40 por ciento en 2012–, Cortés auguró ayer una «segunda burbuja inmobiliaria». El motivo: la protección a las entidades financieras y una legislación que persigue que el precio de los inmuebles no caíga bruscamente –lo que, por otra parte, beneficia a las familias hipotecasas que pagan mensualmente su crédito, que son la mayoría–.

La consejera de Vivienda esgrimió ayer esta teoría durante el debate para la convalidación del Decreto-Ley de la Función Social de la Vivienda, como uno de los argumentos para defender la actuación de su departamento para frenar los desahucios. «No vamos a parar», advirtió.

Especialmente crítica se mostró con los bancos que, según sus cálculos, han recibido 274.927 millones de euros desde que comnenzó la crisis económica en diversas ayudas y que «tienen en sus manos miles de VPO».

Sobre el Decreto-Ley –que fue convalidado con los votos a favor de PSOE e IU y la abstención del PP y que ahora se tramitará como Proyecto de Ley lo que permitirá, si se aprueban, la introducción de modificaciones–, Cortés defendió su legalidad: «Ni el Gobierno de la Nación lo ha recurrido ni lo va a recurrir porque no hay base jurídica para ello». Apuntó que las familias no quieren «caridad» sino «justicia» y defendió que la vivienda no debe concebirse como una «mercancía» sino como un «derecho humano».

La consejera siguió sin ofrecer datos sobre la disponibilidad presupuestaria de esta ley ni aclaró la deuda que tiene la Consejería con los inquilinos del Plan de Fomento del Alquiler, que contemplaba ayudas públicas que no se han cobrado.

Sí insistió en que no hay viviendas vacías propiedad de la Empresa Pública de Vivienda y Suelo (EPSA), pese a que la diputada popular Alicia Martínez ofreció datos concretos sobre promociones de Epsa en el antiguo Matadero de Cádiz o en Morón de la Frontera (Sevilla) y que están sin ocupar. «Hay viviendas de EPSA que son casas sin gente, cuando hay mucha gente sin casas», le reprochó la portavoz de Vivienda de los populares.

Para el PP, el texto impulsado por la Junta tendrá un alcance «limitadísimo».