Concertación social por Ley

En mayo de 1993, la Junta de Andalucía firmó junto a los sindicatos UGT y CC OO y la patronal andaluza el primer acuerdo para el Desarrollo Económico y Social de Andalucía. Era el inicio de la denominada Concertación social, una de las principales señas de identidad de los Gobiernos de Manuel Chaves, como él mismo admitió en su reciente declaración en el juicio de los ERE. En ese primer acuerdo, el entonces presidente de la Junta definió este acuerdo como «ambicioso porque parte de un enfoque amplio y realista que nos permite a la Junta de Andalucía y a los responsables patronales y sindicales hacer un diagnóstico común de la situación económica en Andalucía y, a partir de él, instrumentar medidas, bien horizontales para el conjunto de la economía, bien sectoriales, para otros tantos ámbitos específicos de nuestra economía: industria, servicios, desarrollo rural, etc».

Desde entonces, se han firmado siete acuerdos de concertación, el último el 24 de noviembre de 2009 con José Antonio Griñán como presidente andaluz. Ha habido algunas tiranteces y durante la crisis económica hubo dificultades. En 2013, como motivo del vigésimo aniversario, la presidenta Susana Díaz abogó por «abrir en canal» la Concertación y desde su Ejecutivo se optó por «repensarla». El Gobierno andaluz va a llevar esa nueva concertación a un texto legislativo. El borrador elaborado por la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, consultado por este periódico, es similar a lo que se ha venido realizando hasta ahora.

El texto del anteproyecto de ley de participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la comunidad autónoma señala en su exposición de motivos que «las democracias avanzadas europeas se distinguen, entre otras cuestiones, por la institucionalización del diálogo social permanente entre las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas como mecanismo de participación y de construcción de políticas comunes a favor de la mejora global de la sociedad».

La prueba de que es una continuidad de lo anterior es que se apunta que «en Andalucía, la decidida apuesta de los distintos gobiernos por el impulso del diálogo social tiene como manifestaciones más destacables los siete acuerdos de concertación social firmados hasta el momento. En ellos, el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas han aunado sus esfuerzos para alcanzar, más allá de los intereses particulares, objetivos comunes para superar situaciones de dificultades económicas y avanzar en el desarrollo económico y social de Andalucía».

El texto justifica el anteproyecto en que el Estatuto de Autonomía recoge varios preceptos relacionados con «el impulso del diálogo social, la concertación social y la participación institucional «de los agentes económicos y sociales más representativos». No aclara quiénes son.

Los acuerdos de Concertación social han tenido varias críticas. La principal es la falta de resultados pese a movilizar durante décadas más de 100.000 millones de euros de fondos públicos.

La segunda ha venido por parte de los agentes socioeconómicos que se han quedado fuera. Es el caso de organizaciones sindicales como CSIF o la patronal de empresas de economía social.

El proyecto no aclara quiénes son los que participarán de este «diálogo social institucionalizado», ya que habla de «organizaciones sindicales y empresariales más representativas». Sí detalla que su labor se premiará con ingresos anuales a través del Presupuesto andaluz: «Con la finalidad de fomentar la actividad de participación, la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma consignará, con carácter anual, las partidas destinadas a fomentar adecuadamente la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, conforme a lo previsto en esta ley».

Esta financiación asegurada se abonará además, por adelantado. «El Gobierno de la Junta de Andalucía, en el primer trimestre de cada ejercicio anual, transferirá a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, al menos, el 75% de la cantidad presupuestada, al objeto de garantizar el ejercicio de la actividad institucional de las mismas en esa anualidad».

No es el único privilegio que recibirán estas organizaciones. También tendrán garantizado «el derecho a acceder al régimen general de subvenciones públicas, de conformidad con la normativa vigente en la materia, que permita desarrollar las actividades de promoción y prestación de servicios y/o actividades de interés general público, social o económico que se entiendan oportunas. Estas subvenciones serán incompatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualquier administración o ente público o privado, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Reglamentariamente, y sin perjuicio de las bases reguladoras de las convocatorias de ayuda, se fijarán los criterios de reparto de acuerdo con el objeto y fin de la colaboración institucional, así como el régimen de liquidación y abono; todo ello, sin menoscabo del principio de libre concurrencia, transparencia y publicidad».