Condenado a tirar su chalé pese al decreto de la Junta

El juez de lo Penal número 1 de Sevilla ha condenado a un mes y medio de cárcel y 360 euros de multa a un hombre por construir un chalé de 120 metros cuadrados en la finca El Alcornocal de Marchena, donde hay otras 3.000 construcciones similares, edificación que además deberá demoler a su costa pese al decreto aprobado en 2012 por la Junta de Andalucía que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el juez condena al acusado, L. P. R., a pesar de que en el juicio un perito aseguró que la posible legalización de la edificación conforme a esta norma legal «era algo que tendría que ser estudiado» y que «podría ser» que en el inventario de regularización elaborado por la Diputación «estuviera incluida dicha parcela».

El juez argumenta que «nada de ello acredita que la construcción sea susceptible de legalización, tratándose por tanto de una mera posibilidad» y «de un hecho futuro e incierto que podría no ocurrir nunca», por lo que «permitir la pervivencia de la edificación realizada supondría mantener y justificar la ilegalidad de la construcción, sin que fuera posible instar en un futuro la demolición de la obra si se verificase que no se había producido realmente dicha legalización». El acusado adquirió en febrero de 2004 una parcela de 1.109 metros cuadrados, calificada como suelo no urbanizable común e incluida en «Zona de Restauración. Huertos Familiares» y «no estando dicho suelo destinado a uso residencial», por lo que «no era posible» la construcción en el mismo de ninguna edificación con destino a vivienda. Pese a ello, el imputado comenzó a construir una edificación destinada a vivienda, de unos 120 metros cuadrados, con un cuarto para la depuradora de cuatro metros cuadrados y una piscina de 32 metros cuadrados, siendo detectada la obra en septiembre de 2007 por la Policía Autonómica.

En 2008, un juzgado decretó como medida cautelar la paralización de la obra y su precinto, el corte de suministro de energía eléctrica y el precinto del pozo que suministraba agua a la parcela, habiéndose tasado en 11.310 euros el coste de la demolición.