Crece el clan familiar de Lanzas imputado conun tercer cuñado

La juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, dejó claro hace meses que «el mutismo absoluto es un rasgo característico del círculo personal de –Juan– Lanzas». Si bien, pese a ese silencio, el entorno del ex sindicalista implicado en la trama de ayudas irregulares es cada vez mayor.

En el auto fechado el pasado 31 de julio, la magistrada incluyó en su listado de más de una veintena de nuevos imputados a Carmelo Cruz Porcel. ¿Quién es? Un «intruso» –persona que nunca trabajó en la empresa que recibió el dinero público– en el expediente de la compañía Dhul y el tercer cuñado de Lanzas inculpado en la causa.

Según explica Alaya, Cruz Porcel «figuró como 'intruso' en la póliza de Comercial Alimentaria Dhul». Y no lo hizo solo. Fue incluida también su esposa, María Ángeles Sierra García, cuñada de Lanzas. Entre ambos habrían percibido 183.000 euros y se suman al catálogo familiar imputado que incluye al propio mediador jiennense y su mujer, Patrocinio Sierra, incorporados a la póliza de Hytemasa.

A ello se añade que otro de sus cuñados, Ismael Sierra, fue encarcelado en marzo pasado como titular de empresas presuntamente utilizadas para blanquear el dinero de las sobrecomisiones que cobraban al Gobierno andaluz. En la actualidad se encuentra en libertad, tras haber abonado 50.000 euros de fianza.

Cabe recordar que en el mencionado auto, redactado antes de irse de vacaciones, la magistrada argumenta de manera concisa los motivos por los que imputa a 23 personas, entre las que se encuentran el familiar de el ex sindicalista jiennense y los hijos del empresario José María Ruiz Mateos, Pablo y Javier Ruiz Mateos, negociadores, junto con Lanzas, del ERE del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga).

En relación a los últimos, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sostiene que abonaron al conseguidor, en prisión por este caso, sobres con 20.000 o 25.000 euros en dinero «B» quincenales o mensuales tras comprometerse a que la Junta financiase las prejubilaciones del mencionado expediente de regulación de empleo en el Cervantes, propiedad del Grupo Rumasa. Recibieron de la Administración andaluza 5,92 millones de euros.

Otro de los imputados por Alaya, el responsable de la Dirección Hotelera del Grupo Nueva Rumasa y administrador mancomunado de la empresa Europa Center, que gestionaba el Cervantes, Carlos Manuel Miranda Bacciarini, reconoció ante la Guardia Civil que Lanzas se alojó «como invitado en algunos periodos de vacaciones» como en Semana Santa en el establecimiento hotelero. Lo que no aclaró es si aquél cobró comisiones de los Ruiz Mateos.