Críticos de IU: «Los que se sientan en la Junta están fuera de la coalición»

«Recuperar credibilidad en la acción política y de las instituciones democráticas pasa por asumir la ética civil y los valores democráticos en todos los ámbitos, luchar contra la corrupción y hacer política de otra forma, con participación y control de la ciudadanía». Es un párrafo del acuerdo de contenidos que rubricaron PSOE-A e IULV-CA para gobernar la Junta en coalición tras las elecciones autonómicas. En el mismo apartado, se puede leer también que «para posibilitar la participación real y efectiva de los andaluces y andaluzas en la toma de decisiones sobre los asuntos que les afectan es necesario seguir impulsando fórmulas que trasciendan las simples declaraciones programáticas sin aplicación práctica y contemplar la participación como eje transversal a toda la acción de gobierno».

Una declaración de intenciones que podría no significar lo mismo para las dos formaciones aliadas, a la luz de los desencuentros entre ambas. ¿El último? Está ligado al alumbramiento del Pacto Social por Andalucía anunciado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. IU planteó la convocatoria de un referéndum para ratificarlo, si bien, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Álvarez de la Chica, dejó claro que eso supondría «empezar la casa por el tejado».

Antes, la votación del dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares evidenció que PSOE e IU pueden compartir sillones en el Consejo de Gobierno de San Telmo y disentir en la Cámara autonómica, en cuestiones «a priori» de cierta trascendencia. Para algunos el cierre en falso de dicha comisión ha abierto el cofre de los tormentos. Aunque no ha sido la única muestra de la dualidad de IU. El pasado miércoles 28 de noviembre, la diputada de la coalición Rosalía Martín acusó a los gobiernos regionales socialistas en la Cámara de mantener una «Administración paralela» real, de haber alimentado un sector público para «rodearse de elementos y estructuras subordinadas a una voluntad política de manera disciplinada». A su juicio, el bipartito tiene que abordar ahora el resultado de tres décadas de prácticas clientelistas y «rematar» la ley de reordenación del sector público 1/2011. «Una nefasta fuga hacia delante», en opinión de Martín.

Mientras la titular de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, escuchaba en su escaño, la diputada izquierdista reclamaba una «auténtica revolución» en la Administración autonómica. Una reestructuración que la consejera dará por concluida con la extinción el 31 de diciembre de 95 unidades de empleo (Utedlt) aún pendiente.

Por su parte, el parlamentario de la federación y vicepresidente del Parlamento, Ignacio García, registró recientemente una pregunta con ruego de respuesta por escrito, en la que solicitó al Ejecutivo andaluz que informe sobre la adscripción de 64 organismos, entidades, agencias empresariales, 18 fundaciones y empresas que forman parte del sector público regional.

En la iniciativa, García reclama a la Junta que precise a qué consejerías están asignados entes como el Consejo Audiovisual, Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión; el Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores; Metro de Granada SA; la Sociedad Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones SA (Sandetel); o la Sociedad Andaluza Desarrollo Sociedad Información SAU (Sadesi).

En el amplio listado presentado por García se enroscan además entidades adscritas al bloque económico como el Instituto Andaluz de Finanzas, el Fondo de Capital Riesgo Andalucía 21, Inversión y Gestión de Capital Riesgo SA y Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía SA, entre otras. Entes de un sector público que tal vez los diputados de IU no consideren tan transparente y bien dimensionado como Martínez Aguayo.

Fuentes del movimiento IU por la Base advierten de que la federación «no va a poder mantener por mucho tiempo ese doble discurso», sin que le «pase factura». Abogan por «cambiar la actitud» en el Gobierno andaluz y «dejar claras» las «posiciones de la coalición en San Telmo».

En la misma línea, el diputado sevillano de la federación Manuel Rodríguez defiende: «No se puede sorber y soplar al mismo tiempo. No se puede defender en la calle a los trabajadores de los recortes y ser tú el que recorta porque ese doble juego se descubre».

A su entender, «los que se sientan en el Ejecutivo andaluz –entre otros el líder de la federación en la comunidad, Diego Valderas– están fuera de IU al no respetar ni el programa ni la idiosincrasia de esta coalición», más próxima, según él, del Grupo Parlamentario.

El ex alcalde de Carmona (Sevilla) Sebastián Martín Recio se suma: considera que pese a que su formación señaló el tema de la corrupción, los ERE y los derechos sociales como algo prioritario a la hora de sustanciar el acuerdo de gobierno con el PSOE, «la realidad es que no hay resultados y los recortes en sanidad, por ejemplo, son evidentes».

Para Martín Recio existe una contradicción entre el programa de IULV-CA, «incluso entre lo que explicó Valderas para justificar el pacto con el PSOE», y la «praxis» política diaria de la Junta. «No concuerdan», asevera y añade otro matiz para la reflexión: la coalición «aparece como una fuerza subalterna del PSOE, en ningún momento se nota su presencia de manera estratégica, trascendente».

«Existe –explica– cierto 'seguidismo' de las políticas socialistas bajo el paraguas del imperativo legal que marcan las directrices impuestas desde Madrid». Cree que «ahora es más importante estar en la calle que en el Gobierno andaluz, donde IU hace lo que puede», dado que «se ha ubicado en unos espacios que son testimoniales y no está ejecutando sus políticas con la energía necesaria para que la ciudadanía visualice su papel».

¿Consecuencia? «Perdemos credibilidad y con ella base social para movilizarnos», remata el veterano izquierdista.