Detectan facturas sin justificar y sin «coherencia» en ayudas de Empleo

La Cámara de Cuentas ha evidenciado de nuevo la falta de control en las ayudas otorgadas por el SAE, organismo que depende de la Consejería de Empleo.

La Cámara de Cuentas ha evidenciado de nuevo la falta de control en las ayudas otorgadas por el SAE, organismo que depende de la Consejería de Empleo. El trabajo del órgano fiscalizador se ha centrado en los consorcios escuelas de formación, en los que se han encontrado «facturas sin justificar» por un importe de 146.080 euros; gastos justificados «sin la necesaria coherencia» por 481.819 euros; y documentos por 734.713 fechados «fuera de plazo».

El informe se centra en los años 2008 y 2009. En esos dos años, los catorce centros que componen la red recibieron 23.922.733 y 20.646.023 euros. Del importe global, un 35% en 2008 y un 54% en 2009 corresponden a las participaciones que el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En los consorcios también participan los ayuntamientos donde se ubican estos centros aunque en un porcentaje minoritario.

La primera anomalía que detecta la Cámara de Cuentas es que en 2008 y 2009 «las liquidaciones presupuestarias de todos los consorcios presentaban desequilibrios presupuestarios». Un síntoma del escaso celo con el que se gestionaban los fondos públicos es que «en relación con la memoria económica hay que destacar que, de los expedientes facilitados por el SAE, los consorcios no presentan el coste de las actividades realizadas mediante una relación clasificada de los gastos e inversiones desglosados por acciones, para facilitar que se pudiera verificar si existe una concordancia entre la información contenida en la memoria de las actividades realizadas y los documentos que hayan servido de base para realizar la revisión de la justificación económica».

Esta práctica era asumida por el SAE, que no contaba con unos «criterios normalizados relacionados con la forma de presentar la documentación justificativa». En realidad, ni tan siquiera existía un seguimiento presupuestario adecuado de las subvenciones concedidas, ya que, por un lado, el pago se dilataba por parte de la Administración autonómica una media «de 202 días en 2008 y 161 en 2009», lo que obligaba a recurrir «a la figura de la exoneración, cuyo objeto es proponer el pago de subvenciones a los beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad».

Las conclusiones son críticas con la forma de actuar del Servicio Andaluz de Empleo: «hay que señalar que no consta que el SAE haya aplicado un método de control y seguimiento de la actividad realizada, ni una revisión que abarque la totalidad de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, ni que se hayan definido de forma clara las funciones y responsabilidades necesarias para estas tareas».

Esa «manga ancha» ha permitido que existan consorcios que hayan imputado «gastos de atención protocolaria cuya naturaleza ni se considera elegible ni se entiende que sean gastos necesarios para el desarrollo de la actividad subvencionada»: 48.391 euros en 2008 y 17.442 en 2009.

Pese a que la Junta los presenta como «un modelo formativo de excelencia, respondiendo con éxito a los criterios de calidad y eficiencia», la realidad detectada por la Cámara de Cuentas es otra. Sólo en tres centros «se tiene constancia de la aplicación de un criterio para considerar al alumno como finalizado»; «la entidad concedente no efectúa una medición periódica de los objetivos conseguidos»; «no hay medición del nivel de inserción laboral de los alumnos de cada proyecto formativo»; y «no consta que el SAE haya realizado los trámites para conseguir los Certificados de Profesio-nalidad».