Detenidas 75 personas por venta ilegal de permisos de residencia y subsidios

La Policía Nacional y Inspección de Trabajo ha desarticulado una red dedicada a vender permisos de residencia a inmigrantes y a cobrar subsidios a través de empresas ficticias con un desfalco de 700.000 euros.

La Policía Nacional y Inspección de Trabajo ha desarticulado una red dedicada a vender permisos de residencia a inmigrantes y a cobrar subsidios a través de empresas ficticias con un desfalco de 700.000 euros, en una operación que se ha saldado desde el pasado julio con 75 detenidos y 32 imputados.

Según ha informado hoy la Policía Nacional en un comunicado, la operación conjunta entre los ministerios del Interior y el de Empleo y Seguridad Social se inició el año pasado tras la detección de una anomalía en la documentación presentada por una ciudadana rumana que solicitaba prestaciones por desempleo acreditadas por contratos cortos en varias empresas.

Conforme avanzaba la investigación, los agentes pudieron comprobar que las referidas empresas se habían creado de forma ficticia, con la única finalidad de contratar virtualmente a trabajadores, que a su vez utilizaban los contratos para posteriormente adquirir prestaciones públicas y subsidios por desempleo o, incluso, para que ciudadanos extranjeros pudieran regularizar su situación administrativa en España, todo ello de manera fraudulenta.

Además, la investigación reveló que el cabecilla de la organización coordinaba esta red de mercantiles enfocada a la "venta a la carta de contratos de trabajo"a terceras personas, a las que cobraba unos 800 euros además de un porcentaje de las prestaciones fraudulentas que conseguían.

Desde el pasado julio ya se han detenido a 75 personas, supuestos trabajadores, y se han imputado a otros 32 más, residentes la mayoría de ellos en Córdoba y el sur de la provincia, si bien, algunos de los detenidos residían en otras ciudades españolas como Palma de Mallorca, Málaga, Gerona y Madrid.

El fraude detectado supera ampliamente los 700.000 euros, teniendo en cuenta las prestaciones y subsidios públicos cobrados por supuestos trabajadores, cuotas de seguros impagados y deudas a la Seguridad Social, cifra que podría aumentar, así como las detenciones, pues la investigación continúa abierta.

Efe