Díaz agotará la legislatura sin poner en funcionamiento efectivo la oficina antifraude

La oficina anticorrupción prometida por Susana Díaz no entrará en funcionamiento efectivo antes de que concluya la legislatura. La presidenta anunció su creación en el discurso de investidura, el 4 de mayo de 2015, con un objetivo: «prevenir, detectar y denunciar malas prácticas». La fórmula elegida, Proyecto de Decreto, ha tardado nada menos que tres años en llegar al Consejo Consultivo, trámite previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno. Este paso, sin embargo, no significará la puesta en marcha real. Hasta que los responsables de esta oficina sean designados y estén legitimados para la incoación de procedimientos sancionadores y denunciar a la Fiscalía posibles delitos, su fin último, pasarán como mínimo nueve meses y medio más. Durante este periodo aún se tendrán que redactar y aprobar las normas de funcionamiento interno, un modelo de prevención de la corrupción y varias normas más. En el mejor de los escenarios, el proceso acabaría en abril de 2019. Las elecciones, presumiblemente, serán en marzo.

La responsabilidad del impulso de la oficina antifraude recaía en la hoy ministra de Hacienda. Después de innumerables plazos incumplidos, María Jesús Montero anunció el pasado mes de abril que estaría lista antes de finalizar junio y redujo el atraso a solo «unos días» respecto al plazo comprometido. La ya ex consejera esgrimió como justificación la necesidad de dar audiencia al Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del Interior o la Agencia de Protección de Datos. Esta semana el «Proyecto de Decreto por el que se establece el modelo de prevención de la corrupción en Andalucía, y se crea y regula la oficina contra el fraude y para la prevención de la corrupción» ha sido remitido al Consejo Consultivo de Andalucía.

Sin embargo, el propio Decreto estipula que la puesta en funcionamiento será «gradual». La disposición adicional segunda advierte de que en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor se procederá a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General para dotar de recursos humanos la oficina. Y la disposición adicional cuarta fija un plazo de quince días desde la publicación en el BOJA de la Relación de Puestos de Trabajo en la que se incluyan los cargos de director y subdirector para que tenga lugar la convocatoria de estos puestos. A partir del nombramiento de estos cargos se inicia un periodo de nueve meses en los que se han de aprobar las normas de actuación y régimen interior; elaborar un modelo ético de comportamiento y guía de buenas prácticas; planes anuales de formación para la prevención de la corrupción; un catálogo de procedimientos de riesgo, procedimientos de alerta, comprobación e investigación, tramitación de denuncias...; a todo ello habrá que sumar una propuesta de tramitación electrónica para los contratos del sector público y las subvenciones en el ámbito de la comunidad. Solo transcurrido este plazo «serán plenamente aplicables todas las funciones».

Si algo ha quedado patente en estos tres años de mandato es que la oficina anticorrupción no ha sido una prioridad para el Gobierno socialista de Díaz.

Un director, un subdirector y una comisión consultiva para la prevención

La idea de la oficina nació para hacer frente a la corrupción desde dos frentes: preventivo y coercitivo. Será un órgano con autonomía funcional –adscrito a la Consejería de Hacienda, ahora de Ramírez de Arellano– y régimen de especial exigencia para el nombramiento y cese del director, que ha de garantizar «máxima independencia y especialización» de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción. Así, el decreto estipula que ha de ser nombrado por el titular de la Consejería de Hacienda, a propia propuesta de un tribunal, formado por los titulares de la Inspección General, la Intervención General y el Gabinete Jurídico de la Junta. Al puesto deberá concurrir personal funcionario de carrera (grupo A o Subgrupo A.1) con más de quince años de servicio activo y con experiencia en control financiero, fiscalización, inspección, contratación o jurídico. El mandato será de cinco años, renovable una sola vez. Tendrá la retribuciones equivalentes a las de un viceconsejero (60.761,44 euros, incluida la productividad). El subdirector de la Oficina, igualmente, será funcionario de carrera con más de diez años de servicio activo y reconocida experiencia (58.879,55 euros). Además, se creará una comisión consultiva para la prevención de la corrupción y se instará a la constitución de un órgano de cooperación interadministrativa contra la corrupción, con presencia de representantes del Ministerio de Justicia, CGPJ y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.