Díaz, con oficina en Bruselas, irá a defender el decreto antidesahucios

Sevilla- La consejera de Presidencia, Susana Díaz, viajará mañana a Bruselas para mantener un encuentro con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. El objetivo será explicarle personalmente el Decreto-Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, la normativa antidesahucios que ha despertado las suspicacias de la Comisión Europea ya que puede tener incidencia en la ayuda recibida por la banca española para su saneamiento.

Según trasladó ayer la responsable de Presidencia del bipartito, acudirá acompañada por la secretaria de Acción Exterior de la Junta con el objetivo de que Schulz entienda que la normativa va en «consonancia» con otras leyes aprobadas en países europeos. Entiende el Ejecutivo andaluz que la decisión de expropiar el uso de los pisos a las entidades financieras y las multas por no alquilar los inmuebles vacíos no entra en contradicción con el memorando de entendimiento firmado por el Gobierno central y que exige, entre otras cosas, un control europeo sobre las decisiones que afecten al sistema financiero.

Lo llamativo de la misión diplomática de la Junta es que el decreto se aprobó el 9 de abril. El Gobierno andaluz posee una delegación permanente en Bruselas desde 1994, un organismo que tiene entre sus funciones «las de realizar el seguimiento del proceso normativo de la Unión Europea con incidencia en los intereses de Andalucía, apoyar los intereses socioeconómicos, sectoriales y profesionales de nuestra Comunidad, colaborar en la promoción exterior de la Comunidad Autónoma de Andalucía». ¿No ha tenido tiempo este organismo de explicar el decreto andaluz?

El pasado mes de diciembre, el Consejo de Gobierno nombró a la ex diputada europea socialista Francisca Pleguezuelos delegada de la Oficina de la Junta de Andalucía en Bruselas. La Consejería de Presidencia cesó al anterior delegado en septiembre y estuvo tres meses sin representante en la capital europea. La realidad es que la actividad de la oficina siempre ha estado en entredicho. No cuenta con funcionarios y su personal es laboral. Ahora, con la llegada a la agenda política de un tema conflictivo, es la propia consejera la que ha decidido ir a Bruselas. Ni Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda y responsable del decreto, ni José Antonio Griñán, como presidente autonómico.

El viaje de Díaz también incluye un encuentro con la totalidad de los eurodiputados andaluces, con quienes analizará las cuestiones que son prioridad del Gobierno andaluz. Posteriormente, se reunirá también con el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. Y mientras, los inspectores de la «troika», los que a la postre decidirán la repercusión del decreto, en España recabando información.