Díaz defiende la dependencia en un centro que bordeó el cierre por impagos de la Junta

El 26 de octubre de 2010 la Reina Doña Sofía inauguró en Salteras (Sevilla) el centro Santa Ángela de la Cruz, el primero para sordociegos de España. Al frente de la Consejería de Igualdad y para el Bienestar Social estaba Micaela Navarro, que organizó incluso una visita a los medios para mostrar «el único centro de toda España específico y especializado», en el que la Junta había colaborado y seguiría haciéndolo para la atención de las personas allí presentes. Ayer, Susana Díaz eligió este mismo lugar para ofrecer un discurso muy similar. La presidenta alabó este «centro de referencia» en España y anunció «un compromiso firme y claro». La realidad en estos años ha sido otra.

Poco después de la inauguración, el centro sufrió graves problemas de financiación ante los impagos de la Junta. El Defensor del Pueblo Andaluz abrió incluso una queja de oficio –expediente 12/5818– por el impago de las plazas concertadas por parte de las distintas comunidades autónomas que debían abonarlas. La principal de ellas era Andalucía, motivo, recoge la queja del Defensor, que «ponía en riesgo la pervivencia del centro». La administración regional dejó sin abonar varias mensualidades y los profesionales sufrieron continuos retrasos en el cobro de sus nóminas.

La Junta admitió entonces que solo podía pagar los compromisos adquiridos si el Gobierno central le anticipaba los pagos pendientes al anticipo de 1.000 millones de euros que había solicitado al Fondo de Liquidez autonómico. Fueron estos mecanismos de liquidez los que permitieron salvar la situación y los que han posibilitado también el pago de los compromisos de la Ley de Dependencia en Andalucía –así consta en un informe de la Cámara de Cuentas–, pese a que Díaz se arroga que la Junta financia «a pulmón» este derecho.

En este sentido, durante su visita, la presidenta del Ejecutivo insistió en este discurso. Pidió un Pacto de Estado por la Dependencia y aseguró que la Junta paga el 78 por ciento de las prestaciones y el Gobierno solo el 22 restante, en lugar de la mitad cada uno que marca la ley.