Díaz desoye al Parlamento

El Gobierno andaluz abre la puerta a privatizar la Atención Temprana en el borrador de un nuevo decreto. Una PNL de septiembre insta a crear una mesa aún sin convocar para cambiar la regulación

El Gobierno andaluz que preside Susana Díaz desoye al Parlamento y abre la puerta a la privatización de la Atención Infantil Temprana en el borrador de un nuevo decreto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, y que no ha sido consensuado con todos los representantes de un sector en el que tienen cabida más de 800 profesionales y alrededor de 20.000 familias que cuentan con algún menor de cero a seis años con algún trastorno de desarrollo o riesgo de padecerlo. El contenido del documento ha generado una mezcla de «indignación» y «nerviosismo», según explica Antonio Guerrero, portavoz de la Plataforma por la Atención Temprana andaluza.

El BOPA recogía la pasada semana una petición de comparecencia del Gobierno andaluz ente el Pleno realizada por el Grupo Parlamentario Socialista para informar sobre el protocolo para el desarrollo de la atención temprana. Algo se estaba cociendo desde hace tiempo, sobre todo, después de que todos los partidos de la oposición se unieran para aprobar el pasado septiembre una Proposición no de Ley que insta a la Junta de Andalucía a replantear el convenio marco que la regula, acabar con la deuda con la asociaciones sin ánimo de lucro que prestan el servicio y reubicar el mismo en el SAS para sacarlo de Salud Sociosanitaria, área a la que pertenece por ahora.

El polémico borrador del decreto consta de cuatro capítulos que desarrollan 18 artículos, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. El capítulo segundo regula los «recursos necesarios y las actuaciones precisas para la Atención Temprana en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales». Los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) son la base del servicio. Y el decreto estipula ahora que estas «unidades asistenciales, que actuarán en coordinación con el resto de recursos sanitarios, sociales y educativos, podrán tener titularidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro». Esto supone que empresas con «fines exclusivamente mercantilistas», como argumenta Guerrero, vean un posible negocio frente a unas asociaciones que revierten sus beneficios en los propios menores.

Además, los CAIT pierden capacidad de acción. Si se llega a aplicar el borrador de decreto, el protocolo de derivación convertiría a los centros en «meros gabinetes o instrumentos» sin capacidad para evaluar, determinar el trastorno que padece el menor o el número de sesiones necesarias. Con el nuevo sistema, si el niño está escolarizado pasaría de forma obligada por los Equipos Provinciales de Atención Temprana (EPAT). «Si el dictamen de escolarización del alumno o alumna tiene un diagnóstico que precise atención compartida con una CAIT, el orientador u orientadora pondrá el caso en conocimiento del EPAT, que valorará el caso y decidirá su derivación al CAIT correspondiente, previa información y autorización de la familia, en base a los criterios establecidos como Organización Diagnóstica de Atención Temprana (ODAT) compartidas derivables», explica el artículo 7 del borrador.

Los EPAT están integrados por «profesionales designados por las personas titulares de las delegaciones territoriales de las consejerías competentes en materia de Salud», en realidad, consultoras. Antonio Guerrero considera que este procedimiento supondrá un peligroso retraso: «Se formará un cuello de botella considerable en la diagnosis. Estos equipos provinciales lo conforman dos personas y en la atención temprana el tiempo es oro. Ya hay familias esperando más de un año».

Mañana hay prevista una reunión de la consejería con la plataforma en la que se planteará el descontento generalizado por la elaboración de este borrador «con alevosía y nocturnidad» y que, a juicio de Guerrero, «parece desempolvado de un cajón» para responder a los movimientos del resto de partidos de la oposición, que apuestan por dotar a un servicio tan delicado, y que afecta a tantas familias andaluzas, de los recursos económicos necesarios para que sea ofertado con dignidad para los profesionales y los menores con trastornos. Se trata en definitiva de cumplir lo aprobado por la mayoría en el Parlamento andaluz.