Díaz elude los ERE aunque dice que atajará la corrupción que la avergüenza

El Parlamento de Andalucía arrancó ayer por cuarta vez en cinco años la ceremonia fijada para elegir a un nuevo jefe del Gobierno regional, la segunda sin urnas de por medio (Chaves en 2008, Griñán en 2009 y 2012 y ahora). La candidata socialista a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, inició su discurso de investidura como se esperaba: subrayando el «hecho histórico» de que una mujer tenga acceso a ese cargo. Fue más lejos al «dedicar» sus primeras palabras a «las víctimas de la violencia» o de la «discriminación» de género.

No olvidó tampoco reivindicar la legitimidad de su designación, pese a la ausencia de elecciones.

Toma las riendas para abrir «un nuevo tiempo político» en el que combatir la «desafección» de los ciudadanos, que no han sido consultados sobre el relevo de Griñán por Díaz, hacia la política.

La socialista quiere «cambiar las cosas», bajo la bandera de la no resignación. En su extensa intervención no mencionó ni una vez el «caso ERE», pero la corrupción, que la «avergüenza», sí centró buena parte de su discurso.

«La limpieza en la vida pública es incompatible con la falta de ejemplaridad y, desde luego, con los casos de corrupción», sostuvo, para aseverar que la «combatirá» con «todas sus fuerzas». Para ello anunció una serie de medidas que pasan por otorgar más poder competencial a la Cámara de Cuentas con el fin de «mejorar su capacidad de control». Adelantó que su Ejecutivo promoverá una modificación legislativa para permitir a ésta «fiscalizar las cuentas de los grupos políticos con representación parlamentaria» e imponer «multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan cuentas». Posibilitará, asimismo, que se haga realidad una reivindicación recurrente del órgano cameral: «Se establecerá la obligación de que los entes fiscalizados remitan informes sobre la implantación de las recomendaciones que haya formulado».

Dentro del área de la gobernanza, la futura presidenta promoverá otra reforma legal para «prohibir las donaciones privadas a los partidos» y pedirá a los grupos que respalden una iniciativa legislativa en ese sentido que trasladarán al Congreso. Buscará además un acuerdo político que «comprometa» a que los cónyuges o parejas de los cargos públicos «presenten también sus declaraciones de renta» y de actividades, «aunque tengan separación de bienes», tanto en el momento del nombramiento como en el de cese. Enjaretada la hoja de ruta contra la corrupción, para la que no hacen falta euros, la candidata adelantó que cuando celebre su primera reunión institucional con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, le propondrá «un pacto para la regeneración política de nuestro país». Y ello, pese a que el secretario general de su partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, frenó en julio todo diálogo con el PP, tras la publicación de informaciones relacionadas con el «caso Bárcenas». «Rompemos relaciones», llegó a proclamar. Una voladura de puentes que afectó a las negociaciones sobre la Ley de Transparencia o el Plan Nacional de Regeneración Democrática impulsado por la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría.

Con todo, Díaz quiere ahora un pacto de esa naturaleza, «con vocación nacional». Como perseguirá que la transparencia «sea el principio rector del funcionamiento de la Administración». En ese ámbito, se comprometió desde la tribuna a hacer públicos el orden del día y los expedientes que se traten en los Consejos de Gobierno.

En la misma línea, mostró su intención de comparecer semestralmente en sede parlamentaria «para debatir sobre la situación política», en vez de cada año, como estaba fijado. «Los despachos serán las pueblos y las calles», lanzó.

Tiró de la confrontación

No faltaron los guiños a la estrategia de confrontación con Madrid habitual en la dialéctica del PSOE-A y del Gobierno compartido con IULV-CA. La candidata moderó su estridencia pero criticó las reformas laboral, judicial, sanitaria y la de la Administración local. En relación a esta última, avanzó que el equipo que presida «se opondrá con cuantos medios jurídicos –incluido el recurso ante el TC– y políticos estén a su alcance» para detener lo que entiende constituye «un auténtico atropello a la autonomía local y al Estatuto».

Como ya hiciera ante sus compañeros de siglas, Díaz abogó también porque Andalucía marque el paso en el debate territorial desde un «rechazo palmario» a «la ruptura de la unidad de España». Apostó por una reforma de la Constitución que «modernice» el modelo de Estado y «fortalezca el vínculo» con la Carta Magna que no tienen las generaciones que, como ella, no la votaron.