Díaz no tendrá que declarar como testigo en el juicio de sus antecesores por los ERE

La Audiencia sí apoya que se cite a Jiménez Barrios y a los ex consejeros Moreno y Ávila

«Pertinentes». Así considera la Audiencia Provincial de Sevilla que juzga la pieza política del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares buena parte de las propuestas de nuevas pruebas llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones particulares y las defensas durante las sesiones del juicio oral de los días 9 y 10 de enero. Aunque con excepciones, una de ellas cosida a la presidenta de la Junta, Susana Díaz. En un auto, fechado el 22 de enero al que tuvo acceso LA RAZÓN, el tribunal no estima convenientes por ahora las solicitudes del Ministerio Fiscal ligadas a una decisión suya: la que tome sobre si «en el seno de este procedimiento procede enjuiciar también todas y cada una» de las 270 ayudas bajo la lupa judicial. Una cuestión previa aún por resolver y de la que dependerá en buena medida el futuro del juicio. De momento, en la resolución sólo se apunta que «se acordará, en su caso, lo procedente», en función de lo que determinen. En cambio, sí acepta testificales pretendidas por la Fiscalía como las del ex consejero Antonio Ávila o Juan Francisco Trujillo, ex chófer del ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.

En cuanto a las pruebas pedidas por los representantes procesales del PP, partido que ejerce la acusación popular, el tribunal que enjuicia entre otros a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán, entiende que «no procede admitir la testifical» de Díaz, al no justificarse mínimamente la relevancia» que la misma pueda tener «en relación con los hechos». Para decir no a la comparecencia de la socialista sostiene que el argumento esgrimido por los abogados del PP «en relación a las manifestaciones públicas realizadas por ésta sobre los hechos» ahora enjuiciados «no la convierte en testigo relevante de los mismos». Si bien, la resolución consultada por este diario deja claro el sí del tribunal, pese a que las defensas trataron de disuadirlo, a la batería de otras demandas que formularon los letrados de esta acusación y que incluía las declaraciones del actual consejero de Presidencia andaluz, Manuel Jiménez Barrios y de la senadora del PSOE Mar Moreno; así como una extensa documental.

La Sección Primera tampoco apuesta por la testifical reclamada por el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, de funcionarios del Ministerio de Trabajo que participaron en la elaboración de normas vinculadas a la concesión de ayudas sociolaborales para que pudieran «ilustrar sobre la naturaleza, alcance e intención de las mismas», dado que, «la interpretación» de aquéllas «es una cuestión netamente jurídica que corresponde hacer a los jueces y tribunales, sin el auxilio de testigos», según se argumenta en el auto.

En cambio, accede a que se convoque a la ex directora general de Trabajo del ministerio Soledad Córdova, como quería el ex consejero José Antonio Viera, investigada en la pieza que gira en torno al ERE de la Faja Pirítica de Huelva, quien ya declaró en sede judicial y defendió la legalidad de los fondos públicos repartidos.

El tribunal, presidido por el juez Juan Antonio Calle, da tres días al abogado de Griñán y de Antonio Vicente Lozano, José María Mohedano, para que aclare el «objeto» de que declaren abogados del gabinete jurídico de la Junta.

Y en la parte dispositiva de la resolución se anota además dar traslado a los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de «la documentación aportada por las partes, así como de las solicitadas y admitidas una vez» que se entreguen, pero no para que se realice un nuevo informe pericial, como buscaba la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, sino para que los peritos manejen los documentos posteriores a la fecha de su trabajo cuando sean interrogados sobre la misma en el acto del juicio. ¿Qué intenta la Audiencia? Evitar «las dilaciones que produciría que alguna de las partes pida que le sean exhibidos» documentación desconocida para los interventores, lo que supondría tener que examinarla «en el acto del juicio para contestar a las cuestiones que se le pudieran plantear».

La Audiencia sevillana asevera en su auto que estas pruebas «no van a suponer ningún entorpecimiento ni dilación de la causa».