Díaz se desmarca de Griñán y Chaves y publica las exoneraciones a empresas

La expresión «nuevo tiempo» ha sido el lema político que ha acompañado a la presidenta de la Junta y secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, desde que en julio de 2013 diera el salto para aspirar a suceder al mando a Griñán. Quiere marcar distancia con etapas anteriores, mantenerse en las grietas, para evitar que el agujero negro de la corrupción se lleve por delante a su Ejecutivo y a ella misma. Nueva muestra de ello es el paso dado ayer: la publicación, «en un ejercicio de transparencia», de la resolución del 11 de diciembre de 2012 del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), rubricada por el ex consejero Antonio Ávila, sobre las exoneraciones ligadas a ayudas para la formación y el listado de más de un millar de beneficiarios de las mismas. Éstos no habrían tenido que justificar el uso de fondos públicos para recibir más y entre ellos se incluyen empresas que también obtuvieron dinero del «fondo de reptiles» o de Invercaria, además de entes públicos como la Faffe.

El encargado de anticipar el gesto fue el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, quien en rueda de prensa en la sede regional del partido anunció que la Consejería de Educación, departamento que dirige Luciano Alonso y que posee las competencias en formación, desvelaría «entre ayer y hoy» la exoneración múltiple de los gobiernos anteriores para evitar «especulaciones». Se trata de exceptuaciones que en su momento no se registraron en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), al no ser «obligatorio», como recordó Cornejo.

Si bien, el encadenado de beneficiarios y la resolución de Ávila fueron colgados finalmente en el portal de la Junta que gestiona la Oficina del Portavoz, acompañado de una breve nota en la que se insiste en el mensaje rupturista al apuntar que Díaz «ha puesto fin a esta práctica administrativa pese a su anclaje legal».

De hecho, Ávila explica en su resolución de 2012 que la Ley General de la Hacienda Pública del Gobierno regional establece que «no podrá proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma» las ayudas con anterioridad. Aunque la norma admite excepciones. En concreto el ex consejero se agarró a la concurrencia de «circunstancias de especial interés social», en un contexto de crisis económica.

En ese sentido, en la escueta nota accesible ahora en la web se recuerda que «la exceptuación no supone eliminar la obligación de justificación de las ayudas porque sigue vigente esa exigencia» y se apunta que se continúa «comprobando» expedientes. La relación del encargado de supervisar esa tarea, Luciano Alonso, con la presidenta es otra de las aristas que esconde lo sucedido ayer.

Fuentes cercanas a Díaz aseguran a LA RAZÓN que existe cierta «disconformidad» de ésta con la forma en la que se ha gestionado el asunto de los cursos de formación. Hay quien apunta incluso a que se han producido «tensiones» entre Díaz y su consejero.

Alonso heredó en abril de 2013 de su antecesora en Educación, Mar Moreno, las competencias en formación profesional para el Empleo, hasta entonces gestionadas por el SAE que capitaneaba Ávila.

El consejero ha proporcionado información con cuentagotas, casi siempre en sede parlamentaria, amparándose, entre otras cuestiones, en la Ley de Protección de Datos. Conjurado con la calma, cuando ha proporcionado datos, a menudo a preguntas del PP, ha puesto el foco en las corporaciones locales y en la propia oposición.