Diez entidades de la Junta no cuentan «ni con un funcionario»

El SAF denuncia la falta de adscripción de ese personal que investiga un juzgado.

La decena de agencias contó en 2016 con plantillas de laborales que superaron los 7.140 trabajadores

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha denunciado que en la Agencia Pública Andaluza de Educación, el antiguo Ente Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, «no existe ni un solo funcionario de carrera de la Administración General de la Junta», pese a que su personal va a tener que desempeñar funciones que conllevan el ejercicio de potestades públicas reservado al colectivo ausente. Pero, ¿es un caso aislado? LA RAZÓN se ha puesto en contacto con dicha organización sindical para hacerle esa pregunta y la respuesta es que no es un ejemplar exótico. Según los datos que maneja, hay otras nueve entidades en las que «tampoco hay ni un funcionario», con lo que su número se elevaría a una decena. Una de ellas es la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, dependiente de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que contó en 2016 con 55 trabajadores, de acuerdo a su catálogo de personal laboral consultado por LA RAZÓN, en su mayoría en puestos de técnico y de administración, con retribuciones fijas y variables que fueron desde los 16.676,80 euros del conserje hasta los 54.224,97 de los jefes de unidad. En el organigrama del departamento de Empleo, Empresa y Comercio se encuentran otras dos en esa situación: la Agencia Andaluza de la Energía y la judicializada Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA). En la primera hubo 121 laborales técnicos, sin incluir a los altos cargos, con salarios que oscilaron desde los 17.691,33 euros de los administrativos de nivel 6, a los 49.153,83 del personal directivo. En la segunda, 296 trabajadores, con sueldos en una horquilla de 20.243 a 32.128,70 euros para administrativos de nivel 10-20, que se elevan hasta los 55.830 para los directivos.

Hilvanadas a la Consejería de Fomento y Vivienda aparecen en el listado proporcionado por el SAF tres entes. El primero, la Agencia de Obra Pública, tuvo ese ejercicio 110 laborales, aunque hubo alguna baja y alta, y nóminas que bailaron de los 17.479,19 euros del grupo de los auxiliares, ordenanzas y subalternos, a los 60.159,72 del director. A ésta se suma la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), también con cero funcionarios adscritos y 608 laborales, en esencia técnicos y administrativos. ¿Sus rangos salariales? De los 17.103,02 euros de los ordenanzas a los 58.263,57 del director. Por último, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, a la que estuvieron cosidos 219 empleados, incluidos policías portuarios, que cobraron, dependiendo de su cargo, entre 18.113,50 euros y 55.542,54.

La Consejería de Salud tampoco se escapa del recuento debido a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias que acumuló 691 laborales que percibieron desde 21.174,54 euros, algunos de los ocupados en el área de Administración, a los 60.159,66 de cargos pertenecientes a la dirección, según la documentación consultada por este diario. En el caso de la cartera de Cultura, es el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico el que entre los 109 trabajadores que hubo no se hallaba funcionario alguno. El sueldo menor en él fue el del ordenanza, 19.589,68 euros, y los mayores, de 54.225,94, para el director económico y los jefes de centro. Por último, en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) amasó 4.753 laborales, entre ellos el personal destinado a la extinción de incendios. En ella, las limpiadoras se embolsaron entre 10.937,18 a 19.178,38 euros y los responsables de división de 55.544,06 a 55.544,06. En conjunto, esas plantillas supusieron, con los 178 de la agencia de educación, 7.140 contrataciones.

Con anterioridad a 2016, el SAF llevó a los tribunales esta falta de adscripción de personal funcionario a esas entidades de la órbita del Gobierno autonómico apuntando, entre otros, al ex ente de infraestructuras y servicios educativos. Su denuncia fue archivada, pero el sindicato interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla que lo estimó. De hecho, en estos momentos arma el proceso, en el que están implicados 42 altos cargos del Ejecutivo regional y de las agencias empresariales, un juzgado de instrucción. El SAF ha decidido no limitarse a ser testigo de una «forma de actuar de la Junta» que, a su entender, «prescinde» a menudo de «las normas y de las formas que rigen el funcionamiento de las instituciones públicas». En esos entes sin funcionarios, «no se puede», entre otras cuestiones y por ley, llevar a cabo ciertas tareas reservadas a ellos como «tramitar ayudas», recalcan desde el sindicato.