Discrepancias en el 7% de los inmuebles del «catastrazo»

Se han revisado unas 475.000 fincas en Sevilla por un procedimiento de regularización para aflorar la defraudación tributaria.

Sevilla continúa recibiendo las notificaciones procedentes de la Gerencia Regional del Catastro de Andalucía por la detección de obras y otras alteraciones no declaradas en sus inmuebles, según informaron los expertos de Impuestalia, empresa especializada en la optimización impositiva de IBI y otros tributos asociados a la tenencia y transmisión de bienes inmuebles, donde desde el pasado abril se están acercando los contribuyentes para revisar si en sus valoraciones existen errores. Tras el análisis de las propuestas, se han tramitado los correspondientes escritos de alegaciones y recursos, estando a la espera de resolución por catastro.

Según Clementina Caballero, directora de gestión de Impuestalia, puede haber errores en las regularizaciones. Impuestalia estima que al menos en el 7% de los inmuebles a los que el Catastro notifique una modificación del valor catastral por la regularización, podrían existir discrepancias. «El contribuyente no debería conformarse con la resolución que reciba, pero la mayoría de las veces no se sabe a dónde acudir para comprobar estos datos. Lo ideal es revisar dicha documentación para estimar si es correcta, y poder constatar así si los datos de la nueva valoración están acorde con los factores y circunstancias reales de nuestro inmueble», declaró.

El 30 de noviembre de 2016 está previsto que finalice el Proceso de Regularización Catastral en la ciudad de Sevilla, por lo que los propietarios de los inmuebles en los que se haya detectado alguna incidencia, estarán recibiendo sus correspondientes notificaciones, probablemente, hasta final de año. El motivo de dicha regularización se debe a la adopción de diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Se regula incorporar al catastro los inmuebles urbanos y rústicos con nuevas construcciones, así como las modificaciones de sus características en el caso de que no hayan sido declaradas, con el fin de lograr la concordancia de los datos de los bienes inmuebles que posee la Administración con la realidad.

Las edificaciones que el Ministerio de Hacienda está rastreando con el fin que pretende esta regularización, que entró en vigor en 2013 y que finalizará, según las últimas publicaciones en el BOE, en 2017, son, entre otras, construcciones de piscinas en jardines, patios o azoteas, cerramiento de balcones, adecuación de locales, cerramiento de porches o patios para agrandar la vivienda, etc.

Este plan tiene como objetivo sacar a la luz las variaciones inmobiliarias que se han llevado a cabo en los últimos años y que no han sido declaradas, hecho que ha provocado que los algunos ciudadanos tributen menos en concepto de IBI. En términos económicos, el coste de esta regularización será una tasa de 60 euros por cada inmueble que se detecte, que se destinará a pagar los trámites administrativos que genere. Este importe se sumará al derivado del incremento por las construcciones o modificaciones no ingresadas en los años anteriores no prescritos.