Doñana espera, tras siete años, la inminente aprobación del Plan de la Fresa

El 7 de diciembre de 2007 el Gobierno andaluz aprobó el Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana; siete años después, sin embargo, el espacio natural y los regantes siguen a la espera

El 7 de diciembre de 2007 el Gobierno andaluz aprobó el Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana; siete años después, sin embargo, el espacio natural y los regantes siguen a la espera de la llegada de esta ansiada regulación que se prevé para este mismo mes.

Se trata de un documento, el conocido como 'Plan de la Fresa', que en su redacción afecta a los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado y que persigue resolver los graves problemas planteados en la gestión y regulación de los recursos hídricos para los terrenos agrícolas en regadío del ámbito de Doñana, proporcionando al mismo tiempo seguridad jurídica a los agricultores, según mantiene la Junta de Andalucía desde el principio.

La complejidad del propio plan, que recibió en su día más de 4.000 alegaciones, ha provocado un retraso en su aprobación que muchos creen justificado, sobre todo después de que en abril de este año el pleno del Consejo de Participación de Doñana, con el rechazo de las organizaciones ecologistas, lo aprobara provisionalmente.

Ese paso se entendía para muchos como el último necesario para llevar el documento a Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, sin embargo, desde entonces han pasado ocho meses y esto aún no ha sucedido.

A día de hoy, después de más de 2.500 días, la administración autonómica está a la espera de que la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar dé el visto bueno a la última versión del plan, remitida hace apenas un par de semanas, tras modificar una serie de cuestiones que afectaban al dominio público marítimo-terrestre y la línea de costa en el municipio de Moguer, y que motivó un informe negativo de ese departamento.

Los regantes se sienten "engañados y muy decepcionados", según explica Cristóbal Picón, presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, ya que creen que "se trata de un documento muy importante porque acabaría con la alegalidad de los regadíos del entorno de Doñana".

También son críticos con este retraso desde las organizaciones ecologistas, que lamentan que en estos siete años ha seguido creciendo la superficie de regadío ilegal en el ámbito de Doñana, proliferando nuevos pozos y nuevas balsas, sin que las Administración hayan podido frenarlo.

Sin embargo, no coinciden con los regantes en los beneficios del mismo, ya que, según explica a Efe Felipe Fuentelsaz, coordinador de la organización en Doñana, el plan "no resolverá los problemas ambientales de Doñana y consolidará una situación de competencia desleal entre agricultores, poniendo al mismo nivel a los que respetan la ley y a los que no".

Entienden que el documento final no responde a la voluntad con la que nació el plan de buscar una ordenación del territorio, ya que consolidará todo lo existente en 2004 (fecha de entrada en vigor del POTAD), "consolidando el caos existente y la distribución parcelaria insostenible", algo que, sin embargo, es "insuficiente"para los regantes quienes reclaman que se reconozca una mayor superficie.

Fuentelsaz ha criticado que el Plan deja a futuros informes las principales medidas y actuaciones, como determinar las fincas a eliminar y los pozos a cerrar, por lo que con los antecedentes de pasividad ante la aprobación del Plan, ese tipo de medidas tienen un futuro incierto.

Guste más o menos, o se vea más o menos necesario, lo cierto es que parece ser, según las previsiones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que el plan verá por fin la luz a mitad de este mes, después de siete años de dilaciones.

Será a partir de entonces, cuando se proceda a su ejecución, cuando se compruebe si sirve a los objetivos planteados y contenta a sus defensores o, por contra, da la razón a sus detractores y se convertirá en un instrumento inútil para garantizar la seguridad necesaria a los regantes y la correcta conservación de Doñana.