Dos altos cargos de Empleo investigados niegan readmisiones arbitrarias

Piden el archivo de la causa y culpan al Gobierno central de eliminar los fondos con los que se contrató a asesores

El motivo que llevó ayer a declarar como investigados –antes imputados– al director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Samuel Coca Blanes, y su antecesor en el cargo, Antonio González Marín –actual director general de la Agencia IDEA–, es una denuncia por los presuntos delitos de prevaricación y discriminación interpuesta por un grupo de 18 asesores de empleo despedidos en 2013. En ella recriminaban en esencia al Gobierno andaluz su arbitrariedad a la hora de reincorporar o no a una serie de trabajadores con despidos nulos o improcedentes.

El juzgado que instruye el proceso es el número 8 de Sevilla, dirigido por la jueza María de los Reyes Flores, y hasta él se desplazaron los dos cargos de la Administración regional para pedir el archivo de la denuncia, al defender que actuaron «conforme a derecho», según apuntaron a este periódico fuentes del caso. Ambos negaron que el SAE, una agencia pública dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, se haya negado a readmitir a los trabajadores de forma «arbitraria e injustificada» y defendieron haber operado dentro de «la más estricta legalidad».

El primero en comparecer fue González Marín, quien explicó que en 2008 gracias a financiación estatal se contrató, bajo el paraguas del denominado plan Memta, a trabajadores en el SAE que fueron «cesados» cuando en 2012 se suprimieron esos fondos. En relación a los 18 denunciantes, apuntó que 15 «no se encuentran en el supuesto de declaración de nulidad, sino de improcedencia» y, por tanto, fueron indemnizados, mientras los otros tres, que sí se englobarían en esa categoría, «están en vía de recurso» y el gabinete jurídico de la Junta confía en que pasen a la de improcedentes. De ellos, uno se ha incorporado en ejecución provisional con fecha 12 de febrero de este año.

Coca Blanes, por su parte, expuso ante la jueza que «los criterios sobre recurrir o no las sentencias» judiciales los establecen los abogados del Ejecutivo andaluz, sin que «ni él ni nadie» del SAE interfiera nunca «en esas decisiones».

Aseveró además haber continuado la línea seguida por su antecesor al frente de la agencia en cuanto a «velar por el cumplimiento» de los fallos de los tribunales, hasta el punto de que «logró aprobar» una «partida presupuestaria suficiente» que permitiera atender ese fin. Punto de su declaración el que quiso dejar sentado que en cualquier caso, el optar por indemnizar al trabajador vinculado a un despido improcedente «siempre» cuenta con la autorización de «los servicios jurídicos» de la Administración autonómica.

A sus respectivas declaraciones sumaron aportaciones documentales con la intención de «desmontar» las acusaciones contra ellos. De hecho, el abogado del director de IDEA, Juan Carlos Alférez, se mostró convencido de que tras «las claras explicaciones» de los dos cargos y el complemento de los informes, la denuncia quedó «completamente desmentida» al acreditarse que «no existe la menor irregularidad, ni tan siquiera administrativa». Confió en que «la causa termine archivándose en el menor tiempo posible». Iván Escalera, uno de los abogados de la acusación que representa a 17 de los 18 denunciantes, por su parte, trasladó que los acusados habían «negado las evidencias».