Ecologistas advierte a la Junta del «pelotazo» urbanístico de Motril

Exige al consejero de Medio Ambiente que se cumpla la ley de transparencia y retrotraigan el proceso para publicar documentos

Ecologistas en Acción pasó del sobresalto por un presunto «pelotazo» urbanístico en Motril (Granada) a la acción, como es habitual, dado que durante años la organización «ha sido punta de lanza» contra «maniobras corruptas», tras sentirse sus miembros «defraudados» por unas «autoridades de la Junta de Andalucía» que, «teniendo que velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y ambiental, en la mayoría de las ocasiones se han puesto de perfil o, directamente, han actuado como colaboradores necesarios para la especulación». Así se lo han trasladado al titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, en dos escritos que Ecologistas registró ayer en instalaciones sevillanas de las direcciones generales de Prevención y Calidad Ambiental y en la de Urbanismo para exigir que se cumpla la ley de transparencia.

En el documento de once páginas, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la entidad «verde» hace al consejero «un aviso directo y preciso de indicios de prevaricación, falsedad en documento público y posiblemente corrupción urbanística». Hace semanas que la organización denunció que el Ayuntamiento de Motril iba a «reclasificar 22.000 metros cuadrados de suelo protegido para cultivo tradicional de chirimoyos», con el propósito de que el grupo inversor almeriense Godoy Durán pudiera, supuestamente, «rentabilizar la compra de terrenos que pactó hace años a precio de suelo urbano», como ya adelantó este periódico. Ahora, los ecologistas advierten a Fiscal de que la «innovación del PGOU –Plan General de Ordenación Urbana–» llevada a cabo en el municipio para reclasificar esos suelos protegidos encierra «una situación especulativa que, tarde o temprano, estallará como una burbuja y cuyo único objetivo es lograr satisfacer intereses económicos muy particulares, de antiguos y nuevos propietarios, con la aquiescencia de todas aquellas autoridades y funcionarios municipales y autonómicos que lo permitan, por acción o por omisión». «Nada de interés general ni de interés público rige esta innovación del PGOU», insisten en su escrito, «mientras en el término municipal de Motril existe una bolsa suficiente de terrenos con la clasificación y calificación urbanística que ahora se pretende» lograr, recalca. Y no se para ahí. Ecologistas pide que Medio Ambiente dé cumplimiento» a lo previsto en la ley y de forma «inmediata» se publiquen en el portal de transparencia «todos los documentos sobre el Informe de Sostenibilidad Económica y Estudio Ambiental Estratégico» de la mencionada modificación del plan de ordenación, lo que supondrá retrotraer el proceso al estado en el que se encontraba hace meses. Los ecologistas entienden que ha habido anomalías ligadas a la propuesta de resolución de Declaración Ambiental Estratégica, entre ellas una instrucción conjunta de las direcciones generales de Prevención y Calidad Ambiental y Urbanismo que «ya ha sido retirada por la propia consejería, dada su evidente ilegalidad». En ese punto, suman que el departamento de Fiscal no debió detenerse ahí, sino que tendría que «haber ordenado la retroacción de todos los procedimientos de Evaluación Ambiental Estratégica reconducidos mediante la fraudulenta ‘sujeción’ diseñada por la instrucción derogada». Luego hubo más movimientos, pero la entidad conservacionista recalca que la tramitación llevada a cabo hasta la fecha es «nula de pleno derecho» y recuerda al Ejecutivo autonómico que ya existe un precedente de retroacción de un expediente por parte de la Delegación territorial de Granada para cumplir la legislación sobre transparencia en su apartado de información pública vinculado a un plan promovido por Minas de Alquife SLU.

Acusan a Fiscal de “mentir” en el Parlamento

Al margen de Motril, Ecologistas en Acción quiso poner el acento también en que el pasado 21 de febrero el consejero de Medio Ambiente afirmó en el Parlamento regional que «los representantes de las asociaciones ecologistas habían suscrito su documento base para reformar la ley urbanística de Andalucía (LOUA)». Y hubo matización: «Es absolutamente falso». La organización dejó claro que no acudieron a las reuniones en las que se abordó ese cambio.