Ecologistas se querellará contra el alcalde de Morón por prevaricación ambiental

No todo disparo es certero, pero Ecologistas en Acción suele insistir. De hecho, tras algún intento fallido en el pasado, volverá a presentar una querella contra el alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), el socialista Juan Manuel Rodríguez, y contra el jefe del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, José Ángel Gutiérrez, por un presunto delito de prevaricación ambiental. ¿El motivo? La omisión de información sobre la protección urbanística de la Sierra de Esparteros de ese municipio que ha permitido prorrogar «por treinta años la concesión minera ‘Sierra de Morón’ que explota la empresa Sidemosa», que «obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el 22 de octubre de 2013 gracias a los informes favorables» del «técnico de Medio Ambiente». Un largo epílogo que llega después de que la explotación minera se paralizara en diciembre de 2012 tras finalizar la concesión inicial por «la connivencia del Consistorio de Morón y de la Junta», en palabras de los conservacionistas.

La organización «verde» parte de una base: «Los hechos ilícitos se han mantenido de manera continuada en el tiempo, provocando la destrucción irreversible de suelo no urbanizable de especial protección y conservación prioritaria», lo que se ha hecho «a sabiendas de los repetidos informes de incompatibilidad urbanística» emitidos alrededor del proyecto de prórroga «realizados por el arquitecto municipal, a petición expresa del alcalde en abril de 2013 y en marzo de 2015». Unos documentos con los que también se habría topado «el concejal delegado de Urbanismo, Ignacio Cala», quien, de acuerdo a la denuncia de Ecologistas, conocería «expresamente» su contenido pero tampoco habría «ejercido sus competencias para impedir la destrucción de suelo protegido».

En otras palabras, la querella que preparan se basa en que los señalados por esta organización «actuando como autoridades o funcionarios del Ayuntamiento de Morón de la Frontera han omitido», conocedores de su injusticia, «la aplicación de la legalidad urbanística establecida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)» vigente en la localidad sevillana desde 2009, que «prohibe de manera taxativa las actividades extractivas donde se ubica la explotación minera ‘Sierra de Morón’».